La Legislatura de Río Negro aprobó por unanimidad las primeras leyes de la Argentina relacionadas con la producción de hidrógeno verde. Con este marco legal avanza el proceso de inversión por 8400 millones de dólares anunciada por la empresa australiana Fortesceu. A pesar del respaldo legislativo comienzan a oírse críticas al proyecto.

Conocida la decisión de la Legislatura el PTS, partido que integra el Frente de Izquierda de Río Negro, fijó su posición cuestionando varios aspectos del emprendimiento. Laura Santillán, referente del partido, expresó que “se le dio un tratamiento exprés al proyecto para que no llegue suficiente información a la sociedad. Para producir hidrógeno se requiere la instalación de cientos de generadores eólicos en las áreas protegidas de la Meseta de Somuncurá y se pone en grave peligro a varias especies como el cóndor andino que está bajo programas de protección. Además en la zona afectada al proyecto viven 35 comunidades mapuches que ya tienen su propio estilo de vida y son custodios de la Meseta. El impacto ambiental es de magnitudes preocupantes”.

Santillán afirmó que “se lo presenta como un proyecto verde o ecologista para que no caiga mal en la población porque no tiene licencia social, pero no se está diciendo todo lo que implica este emprendimiento. Lo que se va a producir en Río Negro es amoniaco para poder ser exportado y convertido luego en hidrógeno para ser usado como combustible”. Además, expresó que “la cesión de 625.000 hectáreas para el desarrollo de esta iniciativa por 50 años a un costo irrisorio no dejará grandes ganancias al país ni a la provincia. Significa una pérdida de soberanía. El proyecto de hidrógeno verde no es la excepción de las políticas extractivistas del gobierno que además promueve el fracking y la megaminería”, enfatizó la ex candidata a Diputada Provincial por el Frente de Izquierda.

Desde el espacio político se realizarán charlas con expertos de las universidades de la región a través de sus redes sociales, en las que además manifiestan expresamente el rechazo a las condiciones en las que se desarrollará el proyecto.