Desde la Dirección de Comunicación del Poder Judicial de Río Negro, se compartieron datos sobre el funcionamiento del servicio de justicia. Desde 2017, se vienen publicando estadísticas semestrales, incluso cuando los resultados no favorecen a la institución. Esto es algo destacable en tiempos de manipulación de datos. Uno de los indicadores más sorprendentes es que más del 30% de las casi 2,000 causas ingresadas en los juzgados penales, relacionadas con la integridad sexual, culminaron en sentencia. Esto sitúa a la justicia rionegrina entre los mejores registros nacionales, aunque no todos cuentan con datos oficiales.
Los números fueron abordados por Juan Cruz García, delegado de comunicación de este organismo rionegrino en una entrevista en AM740. Entre los análisis que se destacaron se contó que de cada diez delitos que llegan al proceso penal, cuatro son contra la propiedad, seguidos por atentados contra personas, la administración pública y la integridad sexual. Los jueces y juezas penales de toda la provincia llevaron a cabo 6,818 audiencias en el mismo período, abordando delitos como hurtos, robos, estafas, daños materiales, homicidios de diferentes tipos, lesiones, abuso de armas y abandono de personas.
En el mundo de los delitos sexuales, que son los más impactantes y mediáticos, hubo un total de 2,624 legajos ingresados en el primer semestre de 2023, aproximadamente 438 denuncias por mes. Los datos provienen del informe semestral del Centro de Planificación, basado en estadísticas proporcionadas por la Dirección General de Oficinas Judiciales Penales. Esta información confiable se convierte en una herramienta vital para satisfacer las necesidades de cada fuero, optimizar la toma de decisiones y planificar estrategias de mejora.
En un aspecto delicado, en Río Negro, tres de cada diez denuncias en el fuero penal se relacionan con delitos contra la integridad sexual o abusos, mayormente intrafamiliares. Este aspecto llevó a 613 sentencias. Además, el tiempo desde la formulación de cargos hasta la sentencia, específicamente 130 días, algo que según el delegado “se revela como un dato crucial en el fuero penal, utilizado para evaluar la necesidad de más fiscales o fiscalías temáticas, por ejemplo”.
