Un nuevo escándalo sacude a uno de los casos más dolorosos de los últimos años. Pablo Parra, condenado por el femicidio de Agustina Fernández en Cipolletti, ha sido denunciado por una joven que recibió una solicitud de amistad por parte del acusado a través de las redes sociales, incluso estando detenido. Esto pone en evidencia las fallas en el cumplimiento de los protocolos de seguridad y las consecuencias que esto puede tener para las víctimas y sus familias.
Este hecho no solo genera conmoción y repudio, sino que también plantea interrogantes sobre la efectividad de las medidas de seguridad implementadas en las cárceles de la provincia de Río Negro. En enero de 2019, se estableció un protocolo que restringía el uso de celulares en las unidades penitenciarias, limitando su uso a dos horas diarias y prohibiendo el acceso a internet y redes sociales. Sin embargo, el caso de Parra demuestra que este protocolo no se está cumpliendo de manera efectiva.
La denuncia de la joven Nany revela una situación alarmante, ya que evidencia que un condenado por un crimen tan atroz como el femicidio tiene acceso a herramientas que le permiten seguir contactando con mujeres, generando miedo y revictimizando a las víctimas de manera indirecta.
Las autoridades penitenciarias deben investigar a fondo este caso y tomar medidas urgentes para garantizar el cumplimiento estricto del protocolo establecido. Es necesario reforzar los controles en las cárceles, implementar tecnologías que permitan detectar y bloquear el uso no autorizado de dispositivos móviles y sancionar de manera ejemplar a aquellos funcionarios que estén involucrados en estas irregularidades.
Río Negro, 9 de agosto de 2024
