Carlos Quintriqueo, titular de ATE Neuquén, formalizó una denuncia penal ante la Justicia Federal contra el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo. Los acusa de abuso de autoridad y manipulación del INDEC. El gremio sostiene que hubo una orden política para frenar la actualización tecnológica del sistema de medición inflacionaria. Esta acción buscaría, supuestamente, evitar que el índice refleje la subida real de precios.
La querella sostiene que las autoridades nacionales incurrieron en delitos tipificados en el Código Penal. Según Quintriqueo, la intromisión en el ente estadístico afectó la credibilidad del IPC de enero. El dirigente vinculó este conflicto con la salida de Marco Lavagna de la cúpula del organismo técnico. Al parecer, la renuncia estuvo motivada por presiones para postergar los cambios en la metodología de cálculo. Para el sindicato, estas maniobras configuran un claro incumplimiento de los deberes de funcionario público. La presentación judicial exige una investigación exhaustiva sobre estas irregularidades.
El conflicto tiene relación con el acuerdo salarial firmado por la provincia y los empleados públicos neuquinos. En Neuquén rige un acuerdo salarial firmado a finales de 2025 que garantiza actualizaciones automáticas. Dichos incrementos se calculan promediando el IPC del INDEC y el emitido por la dirección provincial de Estadística. Si el dato nacional es manipulado a la baja, el aumento resultante queda debajo de la inflación real. Esto provoca una erosión inmediata en el bolsillo de los trabajadores del Estado. Por este motivo, la seccional local decidió tomar la iniciativa legal de forma independiente.
La denuncia remarca que el daño patrimonial no se limita únicamente a los haberes mensuales. La supuesta alteración de las cifras también golpea los montos de los aguinaldos y los haberes jubilatorios. Quintriqueo afirmó que una inflación “dibujada” es una herramienta de ajuste sobre el sector trabajador. El gremio considera que se está vulnerando el espíritu de las paritarias mediante el manejo de los números. Ante este escenario, la desconfianza sobre los datos oficiales ha crecido significativamente. La presentación busca proteger el valor real del trabajo frente a posibles arbitrariedades.
Debido a la especificidad de sus convenios colectivos, Neuquén sería la provincia más afectada por estos cambios. Es el único distrito del país que mantiene sus sueldos estrictamente atados a la evolución de los precios. Por ello, el sindicato advirtió que, de persistir la distorsión, se deberán renegociar con el Ejecutivo provincial. Desde el gremio adelantaron que no aceptarán que se utilice un índice “negativo” o suavizado para calcular las recomposiciones salariales. La transparencia en la medición de la canasta básica es ahora el eje central del reclamo sindical.
Para finalizar, Quintriqueo subrayó que la confesión pública del Gobierno sobre el esquema de medición es una prueba clave. Si el Ejecutivo admite que no aplicará el nuevo sistema, está reconociendo una intervención en el proceso técnico. La Justicia Federal deberá ahora citar a las partes y evaluar las pruebas presentadas por ATE.
