Tras un domingo de reflexiones y asambleas, el movimiento de mujeres y diversidades traslada el grueso de sus acciones a este 9 de marzo. Esta decisión busca maximizar el impacto político y económico a través de un paro efectivo en los puestos de trabajo. Las calles del centro capitalino serán el escenario de una de las manifestaciones más importantes del calendario regional.
El cronograma oficial establece que la concentración principal tendrá lugar en el Monumento a San Martín a partir de las 18:00. Desde allí, las columnas de manifestantes iniciarán un recorrido por la Avenida Argentina que culminará con un acto frente a la Casa de Gobierno. La logística de la marcha contempla paradas estratégicas en organismos públicos para visibilizar denuncias sobre violencia institucional y brechas de género.
ATE y ATEN confirmaron que el cese de actividades será total, afectando el dictado de clases y la atención en oficinas administrativas. En tanto, el sector de salud pública garantizó la operatividad de las guardias mínimas para urgencias.
Las consignas de este año hacen hincapié en la defensa de los derechos laborales frente a las recientes reformas nacionales. La secretaria de Género de ATE, María Rosselo, fue contundente al definir el espíritu de la convocatoria actual. “Es muy importante que marchemos todos”, señaló, apelando a una construcción transversal que incluya a trabajadores de todas las identidades.
Además de las demandas salariales, los colectivos feministas exigen la declaración de la emergencia provincial por violencia de género. Entre los pedidos concretos figura la construcción de nuevas casas refugio y la implementación de regímenes de asistencia económica. Los organizadores sostienen que el superávit fiscal debe traducirse en políticas de protección real para las mujeres y disidencias.
Las organizaciones esperan una concurrencia que supere las 15.000 personas en el radio céntrico. La jornada del lunes cerrará con la lectura de un documento único consensuado en las asambleas previas. El texto reflejará la preocupación por la precarización laboral y la necesidad de sostener los espacios de cuidado infantil financiados por el Estado.
