La Fiscalía de Delitos Económicos formalizará este lunes la acusación contra el intendente de Plottier, Luis Bertolini, en una audiencia clave para el futuro de la ciudad y la política provincial. El Ministerio Público Fiscal investiga al jefe comunal por presuntas irregularidades en la gestión de fondos públicos y exenciones impositivas. Junto a él, serán imputados la subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez, y el titular de una firma privada.
A pocas horas de presentarse ante la justicia, Bertolini, amplió sus argumentos contra la investigación por administración fraudulenta. En un comunicado emitido el sábado, el jefe comunal insistió en que el informe del Ministerio Público Fiscal carece de un análisis comparativo que sustente la existencia de irregularidades. Según el mandatario, la fiscalía se ha enfocado en la magnitud de los montos transaccionados sin demostrar que existiera un perjuicio económico para las arcas municipales o servicios no prestados.
El mandatario local enfatizó que la pericia contable presentada por el fiscal Pablo Vignaroli es meramente descriptiva y no conclusiva respecto a la comisión de delitos. Bertolini cuestionó la falta de rigor técnico en la acusación y señaló que no se han aportado pruebas sobre presuntos sobreprecios en las obras públicas ejecutadas durante su gestión. Para el intendente, la causa se basa en una interpretación errónea de los procedimientos administrativos normales de la municipalidad.
“El fiscal quiere impresionar y decir: dos mil trescientos millones de pesos. Es un número que impresiona. Está diseñado para impresionar”, destacó Bertolini en su reciente comunicado. El jefe comunal explicó que el volumen de dinero mencionado corresponde a la actividad legítima del municipio y no a una maniobra delictiva. Aseguró que la cifra por sí sola no constituye un delito si no se prueba que el dinero fue desviado o pagado por tareas inexistentes.
El intendente también salió al cruce de las sospechas sobre contrataciones dirigidas a familiares de funcionarios municipales. “En ningún lugar del informe contable aparece que el municipio le haya contratado, ni transferidos fondos a Valco Soluciones SRL”, afirmó tajantemente el mandatario. Con esta declaración, Bertolini busca despejar las dudas sobre el vínculo comercial con la empresa relacionada al hijo de la subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez.
En su defensa, el titular del Ejecutivo local subrayó que la propia contadora de la fiscalía limitó el alcance de su peritaje en el documento oficial. “Aclaró que contó cuánto se pagó, pero no analizó si estuvo bien pagado. Esa diferencia es todo”, sentenció el jefe comunal para minimizar el impacto de la prueba. Según su postura, el Ministerio Público Fiscal omitido realizar un estudio de mercado que valide la acusación de fraude al Estado.
Los Canales
Respecto a la exención de tasas en el barrio privado “Los Canales”, Bertolini defendió la legalidad del decreto 646/25 como una facultad administrativa. El intendente sostiene que todas las decisiones tomadas durante el primer semestre de 2025 se ajustaron a derecho y buscaron el beneficio de la ciudad. La defensa argumentará en la audiencia que las medidas cuestionadas no vulneraron los deberes de funcionario público ni buscaron favorecer a terceros de forma ilícita.
Finalmente, el jefe comunal vinculó el avance de la causa con una intencionalidad política debido a la cercanía de la audiencia de formulación de cargos. “Llamativamente a solo dos días de la audiencia, recibimos el informe contable”, cuestionó Bertolini, sugiriendo un manejo de los tiempos judiciales para perjudicar su imagen. Mañana a las 11:00, el intendente buscará ratificar estos argumentos ante el juez de garantías para evitar la continuidad del proceso penal.
