El reciente fallo del juez Lucas Yancarelli en el que le otorgó la suspensión del juicio a prueba a los responsables de la firma COMARSA, acusados de una gestión criminal de residuos petroleros volvió a sembrar las dudas sobre la imparcialidad de la justicia y la firmeza del sistema penal frente a los poderosos intereses económicos de la industria hidrocarburífera.
Esta decisión interrumpe un proceso que buscaba juzgar el manejo ilegal de desechos peligrosos provenientes de la actividad en Vaca Muerta. La fiscalía y organizaciones civiles consideran que la medida sienta un precedente de impunidad para los delitos de guante blanco.
La investigación previa, liderada por el fiscal Maximiliano Breide Obeid, expuso un esquema de lucro basado en la contaminación sistémica. Según la acusación, la compañía percibió montos millonarios por tratamientos de residuos que nunca se realizaron efectivamente. En su lugar, los desechos fueron acumulados de forma precaria en predios ocupados ilegalmente, afectando el suelo y la salud de las poblaciones cercanas. El Ministerio Público Fiscal sostiene que la empresa transformó el desmanejo ambiental en una ventaja económica ilícita.
La polémica central radica en el apartamiento de las normativas procesales vigentes en la provincia de Neuquén. El artículo 108 del Código Procesal Penal exige obligatoriamente la conformidad fiscal para otorgar el beneficio de la suspensión del juicio a prueba. En este proceso, el fiscal se opuso de forma tajante y fundamentada a la suspensión del juicio. Al ignorar este requisito, el juez Yancarelli habría excedido sus facultades legales, tomando atribuciones que pertenecen exclusivamente a los fiscales de la causa.
Cuestionamientos
La fiscalía de Delitos Ambientales pretendía elevar el caso a un juicio por jurados dada la magnitud del daño social. Los querellantes, entre ellos la APDH, argumentan que un jurado popular garantizaría la transparencia necesaria frente a presiones corporativas. La decisión judicial es vista como un blindaje que impide a la ciudadanía evaluar las pruebas de una de las estafas ambientales más grandes de la región.
Diversos sectores sociales cuestionan lo que denominan un “hipergarantismo selectivo” en favor de los empresarios procesados. Sostienen que el sistema judicial rara vez muestra esta flexibilidad cuando los imputados provienen de sectores vulnerables. La suspensión del proceso implica que los directivos evitarán el banquillo de los acusados a cambio de pautas de conducta mínimas. Para los críticos, este desenlace no repara el daño causado ni disuade futuras conductas delictivas en la industria hidrocarburífera.
