La crisis de vivienda en la localidad petrolera de Rincón de los Sauces alcanzó un punto crítico esta semana. Una familia se encuentra viviendo en la vía pública tras sufrir un incremento impagable en su alquiler. El caso expone la vulnerabilidad extrema de los residentes que no pertenecen directamente al sector hidrocarburífero.
El grupo familiar, compuesto por un matrimonio y sus dos hijos en edad escolar, permanece hace cuatro días junto a sus muebles en el barrio Libertad. La situación se desencadenó cuando el costo de su vivienda saltó de 700 mil a 1,2 millones de pesos mensuales de forma imprevista. Ante la imposibilidad de reunir esa cifra con empleos informales, fueron desalojados de su hogar.
El concejal Walter Zozaya fue quien visibilizó el drama y criticó la falta de respuestas institucionales efectivas. El edil detalló que la asistencia estatal se limitó a la entrega de leña, sin ofrecer una solución real de reubicación. “Pagaban entre 600 y 700 mil pesos, pero en pocos días se lo llevaron a un millón doscientos mil. Una locura”, manifestó el legislador local.
La presión inmobiliaria en la zona generó una distorsión de precios que excluye a la clase trabajadora local. Zozaya denunció que las empresas petroleras alquilan complejos enteros para personal foráneo, elevando los valores de mercado a niveles astronómicos. Según su testimonio, existen casos donde se exigen hasta tres millones de pesos por estructuras habitacionales precarias o prefabricadas.
“Acá hicieron un negocio cuatro o cinco señores con hoteles, alquileres y módulos habitacionales. La gente de Rincón la está pasando muy mal”, sentenció el edil. Esta dinámica ha provocado que familias que realizan trabajos de limpieza o construcción no puedan competir con los presupuestos corporativos. Los afectados recalcan que no buscan subsidios permanentes, sino acceder a un alquiler con valores razonables.
Actualmente, la familia Sagal Cruz aguarda una respuesta urgente que les permita recuperar la dignidad de un techo. El pedido se centra en la obtención de un terreno o una propiedad asequible para resguardar a los menores. “Ellos no quieren que les regalen nada. Quieren trabajar y pagar un alquiler, pero no consiguen nada accesible”, concluyó Zozaya.
