Una fuerte tormenta institucional sacude a Villa La Angostura tras una nueva escalada en el histórico conflicto territorial del cerro Belvedere. Un grupo de vecinos particulares denunció ante la justicia penal a las autoridades municipales por una supuesta intrusión ilegal. Según los demandantes, camiones y operarios locales ingresaron a propiedades privadas sin el debido permiso para abrir una traza vial.
Los damnificados recurrieron formalmente ante la fiscalía local, la auditoría del municipio y la Defensoría del Pueblo con el patrocinio del letrado Guillermo Hensel. La presentación judicial fue impulsada por Martín Bianchini, Juan Saldivia, Pablo Antriado, Sebastián Álvarez y Juan Salamida. Ellos aseguran que las maquinarias públicas avanzaron ilegalmente para favorecer obras de agua destinadas a la comunidad Paichil Antriao.
La controversia escaló rápidamente en el plano social debido a las contundentes declaraciones radiales del werken mapuche Lorenzo Loncon. El vocero de la comunidad Mapuche intervino públicamente para rechazar de manera categórica las acusaciones formuladas por los propietarios de la zona alta. Las repercusiones de sus dichos generaron inmediata preocupación en diversos sectores políticos y comunitarios de la localidad lacustre.
El werken fue explícito al reclamar avances concretos sobre el relevamiento territorial que se tramita a nivel gubernamental. Al respecto, el vocero indígena advirtió: “La provincia tiene que entregar la resolución de nuestra carpeta técnica porque si nosotros somos atacados en algún momento vamos a responder”. No obstante, aclaró que la demanda judicial vigente apunta exclusivamente contra el gobierno local.
Al ser consultado sobre las denuncias penales, Loncon desestimó la validez del reclamo y defendió firmemente la postura comunitaria. El referente mapuche aseguró de forma tajante que las acusaciones vecinales “son de mala fe: no tienen nada que ver con la realidad”. Asimismo, remarcó que el pueblo originario posee un sólido respaldo jurídico e histórico sobre las tierras en disputa.
Durante su descargo, el portavoz indígena acusó a las distintas gestiones gubernamentales de ejercer una constante “violencia institucional” contra su comunidad. La mayor preocupación llegó cuando el dirigente vinculó directamente la falta de definiciones políticas del Estado con un posible escenario de violencia. La advertencia encendió las alarmas sobre el futuro de la convivencia social en la región cordillerana.
