El histórico proceso judicial por el femicidio de Mabel Mena en Junín de los Andes culminó con una controversia que marcará la jurisprudencia del país. Este debate representaba un hito por ser el primer juicio por jurados intercultural en la provincia. La mitad de sus miembros pertenecían a la comunidad mapuche.
La tensión escaló drásticamente durante la lectura de la resolución definitiva en la sala. El tribunal popular dictó inicialmente un veredicto de no culpabilidad para el acusado Jorge Linco. El fundamento principal radicó en una condición de inimputabilidad debido a un cuadro severo de intoxicación alcohólica.
Dicha postura técnica se sostuvo a partir de las declaraciones de una especialista en psiquiatría. Según la defensa, el propio ministerio fiscal aportó evidencias que sustentaban indirectamente esa situación. De este modo, la deliberación original eximía de responsabilidad criminal directa al imputado.
La situación cambió por completo apenas unos minutos después de haberse anunciado formalmente el fallo. Tres integrantes del cuerpo manifestaron su voluntad de modificar el sentido de su voto original. Los ciudadanos explicaron que no habían comprendido con precisión los efectos legales de su declaración.
Los disidentes compartían un espacio físico muy cercano al entorno de la víctima y los investigadores. Ante la inesperada queja, el magistrado a cargo resolvió dictar una nueva explicación técnica al jurado. El funcionario ordenó reiniciar el debate interno de forma inmediata.
La segunda votación modificó drásticamente el destino del acusado y arrojó un resultado opuesto. Linco fue declarado culpable del crimen y recibió la pena de prisión perpetua. La drástica variación del pronunciamiento encendió las alarmas de los profesionales del derecho penal.
El abogado defensor, David Fernández, cuestionó duramente la validez del procedimiento adoptado por el juez. “Ya no tienen el poder que el pueblo les entregó para decidir. Ni tampoco el juez tiene esa potestad”, afirmó categóricamente el letrado en una entrevista radial.
La defensa argumenta que las normas procesales locales impiden revertir una absolución una vez exteriorizada. El equipo legal presentará recursos de impugnación basándose en el respaldo de agrupaciones de juicios por jurados. El destino final del imputado quedará en manos de los tribunales superiores.
