La siniestralidad vial en el territorio neuquino genera preocupación en las organizaciones civiles. Durante el transcurso del presente año, las calles y rutas de la jurisdicción provincial ya registraron un total de 28 víctimas fatales. Este preocupante indicador supera los índices relevados durante los últimos dos períodos anuales anteriores para el mismo mes.
El escenario actual exhibe una complejidad creciente en materia de tránsito con un promedio constante de colisiones de diversa magnitud diaria. De acuerdo con los relevamientos oficiales efectuados hasta fines de mayo, la provincia contabilizó un acumulado de 1.601 incidentes viales. Entre estos episodios generales se detectaron 118 siniestros de carácter grave, los cuales dejaron un saldo de 643 personas damnificadas con lesiones leves.
“El panorama es realmente alarmante en toda nuestra región”, advirtió Sandra Torres, referente de la organización Bien Argentino. Remarcó la importancia de analizar detenidamente las variables actuales, donde se observa un notable incremento en la participación de mujeres conductoras dentro de los partes accidentológicos, alcanzando casi la mitad de los casos documentados.
Las rutas vinculadas al desarrollo de la actividad hidrocarburífera presentan los niveles de peligro más elevados debido a su intenso flujo vehicular. Las rutas provinciales número 7 y 17 concentran una gran proporción de los incidentes viales graves de la temporada. Estos corredores sufren de forma constante la coexistencia de pesados transportes industriales, automóviles particulares de trabajadores del sector y rodados turísticos.
Asimismo, la problemática vial trasciende las pérdidas físicas directas y abarca profundas consecuencias en la salud mental de los sobrevivientes. Las colisiones generan traumas que afectan la reinserción social y psicológica de las personas involucradas de manera permanente. “Muchas personas quedan con secuelas psicológicas importantes y les cuesta volver a conducir después de haber vivido un hecho traumático”, describió Torres.
La especialista reconoció ciertos progresos institucionales en las campañas de concientización pública en comparación con los parámetros vigentes hace una década atrás. Sin embargo, alertó que las cifras vigentes exigen un replanteo urgente en los mecanismos de control ciudadano. También recordó que muchos pacientes graves pierden la vida semanas después del impacto en los centros de salud asistenciales.
