Vecinos de San Martín de los Andes y trabajadores afiliados a ATE se manifestaron contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La protesta comenzó pasadas las 17 horas frente al hotel donde se albergan las autoridades judiciales.
Diversos grupos sindicales y partidos políticos locales se concentraron en las inmediaciones del alojamiento ubicado cerca de la sede municipal. Ante la llegada de la columna de manifestantes, los magistrados nacionales optaron por refugiarse dentro de las instalaciones del hotel céntrico.
Efectivos de la Policía de Neuquén y de Gendarmería Nacional desplegaron un fuerte operativo de seguridad en la zona. Las fuerzas de seguridad custodiaron el área para garantizar la integridad de las autoridades presentes en el encuentro judicial.
Segundo Andrade, dirigente sindical de la zona, brindó precisiones a los medios locales sobre la realización del reclamo pacífico. “Nos enteramos hoy a la mañana y nos organizamos, ellos llegaron entre hoy y ayer”, señaló el representante de ATE sobre la movilización.
El referente gremial aclaró además que la concentración sobre la vereda y la calzada se llevó adelante sin registrarse ningún tipo de incidentes violentos. Los manifestantes mantuvieron el reclamo durante dos horas en rechazo a la derogación de la Ley de Tierras.
Críticas sindicales y argumentos de la Corte
Por su parte, el secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, lanzó duras acusaciones contra los máximos representantes de la justicia. “Son empleados de las corporaciones. No es una Corte Suprema es una Corte Sumisa al poder real. Emitieron un fallo a medida de los Lewis y los Benetton”, recriminó el dirigente.
El reclamo gremial surgió tras la reciente definición del máximo tribunal que revocó la inconstitucionalidad sobre el decreto 70/23. La medida judicial habilita nuevamente la derogación de la norma que regulaba la titularidad y compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
Los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti aclararon que la resolución no se pronunció sobre el fondo de la norma. El pronunciamiento judicial no interfiere en la validez constitucional del articulado ni en el debate legislativo correspondiente.
