El Concejo Deliberante de General Roca aprobó dos ordenanzas clave para responder a las familias con dificultades de acceso a la vivienda. Las medidas buscan mitigar el déficit habitacional que afecta a diversos sectores locales.
El debate legislativo generó intensos cruces políticos entre la bancada oficialista y la representación opositora del municipio. La primera ordenanza aprobada establece formalmente la emergencia habitacional en la ciudad por un plazo total de 36 meses.
Bajo este marco, el Ejecutivo municipal asumirá la finalización de las obras de urbanización en un predio del Estado nacional. Esos trabajos formaban parte del Fondo de Integración Socio Urbana, un programa nacional desactivado tras el recambio de gestión presidencial.
El municipio completará los servicios básicos de agua, electricidad, saneamiento, trazado vial y arbolado con recursos propios o acuerdos futuros. La distribución de los terrenos respetará el Régimen Legal de Tierras Fiscales para beneficiar a sectores vulnerables.
Polémicas por el financiamiento y la modificación de ingresos
Asimismo, los concejales facultaron a las autoridades locales a gestionar ante la Provincia y la Nación la transferencia definitiva del dominio. De forma complementaria, el cuerpo modificó las exigencias del Plan Integral de Tierras fijadas en normativas previas.
La reforma elimina los límites rígidos basados en salarios mínimos que fijaban un techo máximo de 1.570.000 pesos por grupo familiar. Con lad eclaración de la emergencia habitacional, la pauta de ingresos mensuales para el registro será determinada dinámicamente por la intendencia.
La concejal Belén Bavastri (Junto Somos Río Negro) criticó ambas medidas tras sostener que la administración municipal no podrá costear las obras públicas pendientes. Además, la edila opositora argumentó que la reforma otorga una excesiva discrecionalidad a la intendenta María Emilia Soria.
Frente a estos cuestionamientos, el presidente del bloque oficialista, Nicolás Paschetta, rechazó las posturas opositoras y defendió la validez de las ordenanzas. El edil consideró equívoca la lectura realizada sobre las herramientas presentadas para resolver la problemática territorial.
