El Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJUN) concretará este martes 13 de octubre un paro general en toda la provincia. La huelga fue convocada ante la ausencia de avances en la negociación salarial conducida por el Tribunal Superior de Justicia.
La medida durará 24 horas y estará seguida por una asamblea general el miércoles. Este encuentro gremial se realizará a las diez de la mañana bajo la modalidad presencial y virtual.
La protesta se decidió tras una reunión fallida con las autoridades del TSJ. En dicho encuentro no se lograron acuerdos concretos para destrabar la negociación salarial del sector.
Los trabajadores judiciales solicitaron dos incrementos salariales adicionales para fin de año. La propuesta contempla un aumento del 4% en noviembre y un 3% en enero.
Desde la conducción sindical exigieron respuestas urgentes a sus reclamos. El secretario general de SEJUN, Santiago Alonso, remarcó: “Es necesaria una recomposición de los haberes más allá de la negociación del próximo periodo”.
Negociaciones presupuestarias y pases a planta
El máximo tribunal confirmó su intención de elaborar una propuesta salarial integral. Esta propuesta se redactará en paralelo con el presupuesto general del Poder Judicial para el año entrante.
El gremio también reclamó la continuidad de las mesas técnicas para concursos laborales. Además, exigieron la cobertura de vacantes operativas y la incorporación de equipos interdisciplinarios en la provincia.
Las partes habían acordado un cuarto intermedio hasta el próximo viernes. Sin embargo, la conducción sindical decidió adelantar las medidas de fuerza ante la urgencia de sus reclamos.
Contexto financiero del Poder Judicial
La discusión salarial está condicionada por la compleja situación económica del organismo judicial. Durante el presente ejercicio fiscal, el tribunal dependió fuertemente de los giros financieros del Ejecutivo provincial.
Las autoridades judiciales mantienen una postura de prudencia presupuestaria ante los pedidos gremiales. El gobierno provincial debió aportar un 53% del presupuesto total para sostener el funcionamiento del Poder Judicial.
