El Concejo Deliberante de Allen ratificó por unanimidad la ordenanza que habilita la Junta Electoral y busca avanzar con el referéndum para definir la continuidad del intendente Marcelo Román, al rechazar en sesión extraordinaria el veto total emitido por el jefe comunal.
La controversia se agudizó cuando seis de los nueve integrantes del cuerpo deliberativo ratificaron de manera unánime la ordenanza previa. La sesión extraordinaria reabrió el debate sobre la vigencia del mecanismo de participación ciudadana y el funcionamiento de la Junta Electoral.
El conflicto tuvo su punto de origen en la iniciativa vecinal encabezada por Silvina Cantero a mediados de año. La recolección de firmas superó holgadamente los requisitos exigidos por la legislación local al reunir miles de respaldos convalidados de los habitantes.
Frente a esta situación, el intendente Marcelo Román decidió aplicar el veto total a la ordenanza sancionada a finales de octubre. El jefe del Ejecutivo argumentó irregularidades técnicas y la imposibilidad legal de cumplir con los tiempos previstos para las urnas.
La postura oficial sostiene que los plazos perentorios estipulados en la Carta Orgánica Municipal ya se encuentran totalmente agotados. Por tal motivo, desde el Ejecutivo consideran que la consulta ciudadana no posee sustento legal para su efectiva realización en la localidad.
Debate legal por la vigencia del referéndum
El jefe comunal expresó su postura mediante la norma que vetó el proyecto impulsado por el cuerpo legislativo. “Resulta imposible utilizarla para realizar una consulta popular”, sostuvo el mandatario local al argumentar el incumplimiento de los plazos perentorios de publicación.
Por su parte, los concejales defensores del proyecto ratificaron su postura basada en antecedentes institucionales de la misma localidad. Durante el debate remarcaron que el objetivo principal radica en garantizar el derecho constitucional ejercido por la masa de votantes.
Los ediles que acompañaron la medida lograron reunir los dos tercios requeridos por la normativa municipal para rechazar el veto. De esa manera, el cuerpo legislativo dejó firme su posición mientras que tres integrantes del cuerpo estuvieron ausentes durante la votación.
Incertidumbre sobre los próximos pasos institucionales
A pesar del rechazo parlamentario, el referéndum fijado inicialmente en el cronograma venció sin que la votación pudiera llevarse a cabo. Los inconvenientes operativos señalados por la Junta Electoral imposibilitaron la logística de los padrones y la preparación de las urnas.
El foco de la discusión radica ahora en determinar si es legalmente factible reprogramar una nueva fecha para los comicios. La Justicia deberá pronunciarse sobre las presentaciones vigentes para otorgar certidumbre sobre la validez del procedimiento en curso.
Mientras tanto, la ordenanza ratificada deberá cumplir con los trámites correspondientes de publicación para intentar entrar en vigencia efectiva. Las autoridades locales aguardan definiciones jurisprudenciales para saber si el proceso de revocatoria mantiene su curso legal.
