El conflicto por el costo de la energía eléctrica en la provincia ha escalado a nivel legislativo. Luciano Delgado Sempé, legislador de Río Negro e ingrante del bloque Vamos con Todo, impugnó formalmente la convocatoria del EPRE para el próximo 27 de febrero. Sostiene que el proceso carece de transparencia. Según su denuncia, se busca aprobar un esquema de aumentos para el próximo lustro sin debate ciudadano.
La mayor preocupación radica en el impacto a largo plazo de esta decisión. En la audiencia prevista se fijarán las variables que afectarán las facturas hasta el año 2031. Delgado Sempé considera que el plazo de un mes es una burla para la ciudadanía. La notificación oficial ocurrió el 26 de enero. Este tiempo es técnicamente nulo para analizar estructuras de costos complejas.
El legislador alertó sobre lo que considera una estrategia de confusión pública. El EPRE emitió recientemente una resolución rechazando un aumento previo de Edersa. Sin embargo, ese fallo corresponde a un trámite que debía cerrarse en abril de 2025. Para el legislador, publicar esa negativa ahora es solo una táctica mediática. El objetivo sería instalar la falsa idea de que no habrá subas en 2026.
El rol del regulador y el impacto en la producción
La independencia del sistema de control también está bajo la lupa. Actualmente, el Defensor del Usuario es designado por el propio ente regulador. Delgado Sempé exige que este cargo sea ocupado por un profesional autónomo. “Hoy el defensor es juez y parte”, afirmó el legislador. Esta falta de contrapesos deja a los consumidores en una situación de vulnerabilidad.
Por otro lado, el calendario de la audiencia perjudica directamente a la economía regional. Febrero es el mes pico de la actividad frutícola en los valles rionegrinos. Los productores están enfocados en la cosecha y no pueden asistir a audiencias técnicas. Esto excluye del debate a uno de los sectores que más energía consume en la provincia.
La exigencia es clara: postergar el encuentro 90 días para permitir una participación real. La crisis económica no permite errores en la política tarifaria. Según Sempé, el salario de los rionegrinos no soporta más presión de las empresas de servicios.
