Esta mañana se realizó un procedimiento judicial en la Municipalidad de Allen, en el marco de una investigación por presunto peculado contra el intendente Marcelo Román y por usurpación de cargo público contra el empresario Sebastián Ocampo. La Fiscalía solicitó la entrega voluntaria de documentación, lo que evitó un allanamiento forzoso, aunque la presencia policial fue notoria.
Se explicó que la investigación comenzó a partir de una denuncia presentada el 26 de junio por el Tribunal de Cuentas. El organismo señaló como origen del conflicto la entrega de un teléfono municipal a Ocampo por parte de Román, hecho que escaló hasta derivar en graves acusaciones de corrupción.
Según la denuncia, Ocampo habría asumido tareas propias del cargo de intendente sin ser funcionario, interviniendo en decisiones presupuestarias, contrataciones y reuniones de gabinete. “Se cuenta con testimonios que certifican la existencia de este ejercicio irregular del cargo”, sostuvieron las integrantes del Tribunal de Cuentas. También se señaló que utilizaba una línea abonada por la comuna y que su medio de comunicación recibió pagos a través de triangulación de facturas.
La causa ya había tenido un antecedente hace diez días, cuando se allanaron propiedades de Ocampo, incluida su radio, señalada como una herramienta para defender al intendente y atacar a sus opositores. Esta relación entre poder político y medios ahora está bajo análisis judicial. Durante el procedimiento de hoy, la policía se concentró en la Secretaría de Hacienda, área crítica en el manejo de fondos públicos.
El clima político se torna más complejo con las recientes renuncias en el gabinete de Román, quienes adujeron irregularidades en la gestión. Las fiscales Benatti y Echegaray solicitaron mantener la causa bajo reserva por diez días para asegurar el avance de la investigación, que ya sacude al gobierno local.
Allen, 28 de julio de 2025
