El Gobierno de Río Negro informó que 450 empleados públicos fueron cesanteados por ausencias injustificadas, según un comunicado oficial. La medida, que no busca “ni achicar ni aplicar la motosierra, sino cuidar los recursos de los rionegrinos”, generó un fuerte rechazo del gremio ATE. Romeo Aguiar, secretario gremial de la entidad, calificó las bajas como “injustificadas” y acusó al Gobierno de “fraude laboral”.
En diálogo con AM740 La Carretera, Aguiar aseguró: “El Gobierno miente. Estas cesantías vulneran la estabilidad en el empleo público. Estamos frente a un fraude laboral, ya que estos trabajadores y trabajadores cumplían las mismas funciones que el personal de planta permanente”. Según el dirigente, los despedidos incluyen agentes de áreas clave como Salud, Desarrollo Humano y Educación, afectando el funcionamiento de hospitales, centros de atención primaria y escuelas.
Por su parte, el Gobierno informó que de 3.382 contratos que vencieron el 31 de diciembre, 2.934 fueron renovados, justificando las bajas restantes por “ausentismo injustificado y sanciones disciplinarias”. Sin embargo, Aguiar contradijo esta versión al señalar que algunos de los despedidos estaban bajo licencia médica y sugirió que la medida podría ser una represalia por la medidas de adhesión a fuerza del sindicato a multas de 2024.
“Exigimos la reincorporación inmediata de todos los despedidos y el pase a planta permanente”, enfatizó Aguiar, quien también adelantó que recurrirán a la Justicia. Otros gremios, como Asspur (trabajadores de la salud pública), también evalúan acciones legales. Según ATE, estas bajas buscan debilitar a los sindicatos y acorralar a los trabajadores, en un contexto de salarios estatales por debajo de la línea de pobreza y la ausencia de incrementos salariales durante cuatro meses consecutivos.
Río Negro, 7 de enero de 2025
