La intención del presidente Javier Milei de trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén enfrenta no solo un límite legal, sino también serias implicancias diplomáticas. Según el analista internacional Gabriel Puricelli, esta medida iría “a contramano del interés nacional argentino” y contradiría principios históricos sostenidos por el país.
La información surge de una entrevista realizada en AM740, donde se analizaron las consecuencias jurídicas y diplomáticas del posible traslado. Puricelli explicó que “el establecimiento de la embajada de Argentina en Tel Aviv es el resultado de una ley aprobada por el Congreso”, por lo tanto, moverla requeriría otra ley. Esto desmiente la idea de que sea una decisión unilateral del Poder Ejecutivo.
El especialista advirtió que reconocer Jerusalén como capital de Israel podría socavar la posición argentina en el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, ya que “Argentina sostiene que la ocupación forzosa de un territorio no da derechos sobre ese territorio”. Además, el cambio aislaría al país en el plano internacional, sumándolo a una minoría de naciones que desoyen el derecho internacional.
Puricelli también recordó que solo cinco de los 193 países miembros de la ONU tienen su embajada en Jerusalén. Moverla implicaría “una actitud abiertamente hostil respecto de países que apoyan a la Argentina” en su reclamo por Malvinas. En este sentido, subrayó que Israel no figura entre los países que respaldan a Argentina en ese conflicto.
Finalmente, el analista alertó que esta propuesta llega “en el momento más inoportuno”, en medio de un conflicto bélico en la región. También señaló que, en el contexto actual, no se puede descartar que el Gobierno intente avanzar con un decreto de necesidad y urgencia para evitar el paso por el Congreso.
Buenos Aires, 13 de junio de 2025
