El debate por la implementación de los controles de consumo de sustancias en el ámbito político sumó una nueva confrontación. El diputado Claudio Domínguez cuestionó las declaraciones de la vicepresidenta primera de la legislatura provincial, Zulma Reina, sobre los procedimientos vigentes.
La polémica comenzó cuando la funcionaria afirmó que los legisladores debían gestionar sus propios exámenes médicos en centros de salud. Reina justificó esta postura argumentando que el edificio parlamentario no cuenta actualmente con la infraestructura técnica necesaria para los análisis.
Ante esta situación, Domínguez recurrió a la ironía para marcar sus profundas diferencias con la metodología propuesta. El legislador consideró inviable la idea de modificar las normativas para edificar laboratorios bioquímicos particulares dentro del recinto.
El diputado provincial enfocó la discusión en los principios jurídicos fundamentales que posee el texto de la normativa. “El problema no es que los diputados quieran o no hacerse el examen. La ley es clara: el narcotest debe ser sorpresivo y obligatorio”, señaló el legislador.
El parlamentario advirtió que la responsabilidad del trámite no debe recaer de forma individual en cada uno de los representantes. Según su postura, la obligación de los funcionarios públicos se limita estrictamente a someterse a las requisitorias de los organismos de control.
La controversia dejó en evidencia el vacío operativo que demora la puesta en marcha efectiva de las evaluaciones químicas. El legislador insistió en que las autoridades deben garantizar mecanismos transparentes que respeten el espíritu inicial de la reforma legal.
Domínguez concluyó manifestando su expectativa de que las fallas actuales agilicen el inicio definitivo de las inspecciones médicas. “Lo bueno es que encendieron las alarmas y nos dimos cuenta que no la estamos aplicando y espero que muy pronto arranquemos con el narcotest, sorpresivo y obligatorio, y si un diputado se niega se le dé como un positivo”, sentenció.
