La titular del Juzgado Civil N° 1 de Roca declaró admisible la acción de amparo interpuesta ayer al mediodía por representantes del sindicato Unter, por la suspensión del suministro de alimentos frescos para los comedores de varias escuelas de la ciudad.
La magistrada fijó una audiencia con representantes de varios organismos provinciales para el próximo lunes 11 de septiembre, para encontrar la vía de solución al problema que afecta al “grupo de niños, niñas y adolescentes y resto de la comunidad educativa que concurren a las escuelas primarias 323, 56, 371, 86, 364, 317, 66, el CET 17, las escuelas especiales 1 y 12 y al Instituto de Formación Docente Continua” de Roca.
En su presentación Unter expuso que desde mediados de agosto se viene registrando la suspensión de la entrega de alimentos frescos e insumos en 11 de los 25 comedores escolares que hay en la ciudad. En diálogo con La Carretera, Carlos Tolosa, dirigente de Unter, explicó que ““la situacion hoy es idéntica a la de ayer. No hay servicio de comedor, por lo tanto en muchas escuelas la situación sigue siendo compleja. Altera el ritmo pedagógico de los chicos, porque tienen que venir a clases, retirarse y volver más tarde.”
La jueza consideró admisible la acción de amparo por considerar que “está especialmente diseñado para la protección de cualquier “bien y/o valor social que responda a necesidades de grupos humanos, con el fin de salvaguardar la calidad de vida”.
Como primera medida, la jueza otorgó un plazo de dos días a todas las escuelas enumeradas para que informen al juzgado la situación actual y concreta de sus comedores, el detalle de los faltantes, la fecha en que se produjo el corte de suministro, el proveedor obligado, etc. También solicitó informes al Ministerio de Gobierno y al Ministerio de Educación de la provincia.
Por otra parte, le dio intervención al Ministerio Público Fiscal y a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, a quienes también convocó para la audiencia del lunes próximo. Ese día deberán participar: una Defensora de Menores, quienes presentaron el amparo con sus abogados, un representante del Ministerio de Gobierno, un representante del Ministerio de Educación y de la Delegación local del Consejo Provincial de Educación y un apoderado de la Fiscalía de Estado.