La Justicia falló tras los violentos episodios ocurridos en el Instituto de Formación Docente Nº 12. La acusada fue declarada penalmente responsable por amenazar a una profesora y lesionar a dos directivas del establecimiento educativo neuquino.
El fallo fue comunicado en la Ciudad Judicial por el juez Juan Guaita al mediodía de este viernes. El magistrado respaldó la teoría acusatoria formulada por la fiscal Lucrecia Sola y la querella durante el juicio llevado a cabo esta semana.
La imputada resultó condenada por el delito de amenazas simples en concurso real con lesiones leves. La resolución judicial confirmó su autoría en las intimidaciones verbales y su coautoría en los ataques físicos perpetrados en el edificio escolar.
Durante los alegatos finales, la fiscalía argumentó que la intervención de la mujer y los delitos imputados quedaron plenamente probados. Por su parte, los abogados querellantes enfatizaron la necesidad de una condena ejemplar para garantizar el retorno seguro de las docentes a las aulas.
Al momento de fundamentar la decisión, el magistrado Guaita destacó la existencia de múltiples elementos de convicción. Mencionó la coincidencia en las declaraciones de los testigos, las intervenciones de seguridad y las licencias médicas tomadas por el personal afectado.
El juez valoró especialmente el impacto emocional sufrido por la profesora agredida durante la reunión institucional. “Se determinó que las expresiones de la acusada tuvieron entidad suficiente para constituir el delito de amenazas”, ratificó el magistrado en la lectura del veredicto.
Respecto al ataque contra las directivas, la Justicia dio por acreditada la agresión física mediante material audiovisual y pericias médicas. Dichos estudios fueron realizados en un lapso no mayor a veinticuatro horas después del violento hecho en la secretaría.
El magistrado rechazó de manera categórica el planteo de la defensa que intentaba calificar la agresión como un hecho accidental. El fallo concluyó que existió una clara escalada de violencia iniciada con los insultos y continuada con los Golpes.
La determinación de la pena se resolverá en una próxima audiencia de cesura fijada por la Oficina Judicial. Las partes contarán con un plazo de cinco días hábiles para presentar la prueba vinculada a la escala penal correspondiente.
