La justicia neuquina retomó este miércoles (04-03) la formulación de cargos contra los exministros de Desarrollo Social, Abel Di Luca y Germán Chapino. Ambos funcionarios están acusados de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por el manejo de fondos destinados a organizaciones sociales. La fiscalía investiga un perjuicio económico que alcanza los 1.208.657.600 pesos en programas de capacitación. La maniobra se habría ejecutado entre julio de 2022 y diciembre de 2023 bajo la estructura del decreto 1672/22.
Durante la audiencia, la defensa técnica de los imputados intentó frenar la imputación con un argumento administrativo central. Los abogados sostuvieron que el programa de inserción laboral fue creado por el entonces gobernador Omar Gutiérrez. Según esta postura, los ministros solo cumplieron con su deber jerárquico al adherir a la norma establecida por el Poder Ejecutivo provincial. Esta estrategia busca diferenciar el caso de la anterior estafa con planes sociales, donde el ministerio tenía autonomía creativa.
A pesar de los planteos defensivos, el juez Raúl Aufranc no hizo lugar al pedido y ratificó la continuidad del proceso. El Ministerio Público Fiscal sostiene que se giraron montos multimillonarios a cooperativas como Viento Sur para capacitaciones que nunca se dictaron. El equipo acusador encuadró los hechos como administración fraudulenta agravada en concurso con incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El exministro Di Luca se mostró visiblemente molesto por la decisión judicial y apuntó contra la fiscalía de Delitos Económicos. “Fueron selectivos otra vez”, afirmó el exfuncionario en declaraciones directas a la prensa local tras salir de la sala de audiencias. El imputado cuestionó que se lo señale nuevamente como el principal responsable de la ejecución de partidas presupuestarias. “Me acusan por aplicar un programa que fue creado por decreto. Yo solo lo refrendé”, sentenció.
La causa también involucra a dirigentes sociales y referentes de cooperativas que habrían recibido los fondos bajo sospecha. Entre los imputados figuran Diego Mauro, de la cooperativa Cae Babylon, y la exdiputada Gabriela Suppicich, junto a otros representantes gremiales. La justicia fijó el vencimiento del plazo de investigación para el próximo 8 de abril, fecha en la que se definirán las elevaciones a juicio. El caso mantiene en vilo a la administración pública neuquina por la magnitud del desvío de fondos.
