Organizaciones sociales acampan en la puerta de Casa de Gobierno, exigiendo una reunión con el ministro de Trabajo y Desarrollo Social de Neuquén, Lucas Castelli, quien por el momento se niega a atenderlas. Fue el propio ministro el que en diálogo con AM740 denunció manejos irregulares de las organizaciones sociales por más de mil millones de pesos durante el gobierno anterior, descubiertos en una auditoría realizada.
Ante esta situación, el gobierno calificó de “absurdo” el rechazo de las organizaciones sociales a la nueva línea de financiamiento para los planes sociales. Castelli señaló que “las organizaciones que protestan están nucleadas dentro de la Cooperativa Viento Sur Limitada, la que recibió una cifra millonaria de la administración provincial anterior y no rindió cuenta por esos fondos”.
Según lo expuesto por Castelli, en enero de 2023 estas organizaciones firmaron un convenio para recibir la suma de 1.177 millones de pesos como Aporte No Reintegrable, destinado a generar capacitaciones. Sin embargo, el ministro subrayó que “hasta la fecha no se tiene un conocimiento certero de qué se realizó y hay inconsistencias con las rendiciones”. Además, el funcionario detalló que hubo más aportes: “En abril se realizó una adenda hasta septiembre por 564.143.680 pesos. La segunda adenda con vigencia de octubre a diciembre de 2023 fue por 428.229.120 pesos. Se otorgó también un nuevo Aporte No Reintegrable en concepto de diferencia de saldo, por los meses de agosto y septiembre, y por 43.890.880 pesos“.
La sorpresa del gobierno fue mayor al descubrirse gastos extravagantes, como la compra de una camioneta Frontier y más de 3 millones de pesos en chorizos. Estos gastos, según las organizaciones, supuestamente estaban vinculados a necesidades de capacitación, para las cuales se transfirieron los fondos en cuestión.
El convenio suscrito con el gobierno anterior fue sometido a una auditoría exhaustiva que reveló graves inconsistencias en la administración de los recursos. Castelli lamentó que solo se presentaran ocho recibos por gastos superfluos y distintos importes, indicando la ausencia de comprobantes que respalden la compra de herramientas o pagos a capacitadores. Además, la incertidumbre persiste sobre si los beneficiarios realmente llevaron a cabo las capacitaciones.
En conclusión, la auditoría contundentemente determinó que los fondos asignados a estas organizaciones no fueron rendidos de manera adecuada, abriendo la puerta a investigaciones y cuestionamientos sobre la integridad en la gestión de recursos públicos en Neuquén.