El Partido Justicialista de Neuquén concretó la expulsión de 44 afiliados que compitieron por otros sellos en las elecciones provinciales pasadas. La medida había sido adoptada el año pasado, pero quedó envuelta en una disputa judicial. La resolución oficial de la Justicia electoral dejó sin ficha partidaria a figuras relevantes que hoy son aliados de Rolando Figueroa.
El máximo organismo partidario provincial aprobó las sanciones durante un congreso realizado a mediados del año pasado. La iniciativa buscó penalizar a quienes integraron listas ajenas para apoyar la candidatura a gobernador de Figueroa. En aquel proceso, la estructura oficial del Partido Justicialista impulsó la postulación de Ramón Rioseco.
La contienda judicial sumó varias instancias hasta la intervención final de la Cámara Nacional Electoral en septiembre. Los magistrados determinaron que las decisiones internas forman parte de la autonomía privativa de las propias agrupaciones políticas. El tribunal fijó que estas definiciones quedan exentas del control judicial por corresponder al derecho de autorregulación.
La Carta Orgánica sanciona la aceptación de candidaturas externas no autorizadas con la pérdida automática de la afiliación. Bajo esa norma, la bajada de padrón alcanzó al actual intendente de Vista Alegre, José Asaad, quien ejercía la presidencia. El jefe municipal ya atravesaba una suspensión preventiva en el marco de una causa sobre violencia de género.
Entre los expulsados destacan dos funcionarios que integran el gabinete del actual Poder Ejecutivo provincial. Se trata de Marcelo Zúñiga, subsecretario de Producción, y Ana Servidio, titular de la Secretaría de Vivienda. Ambos compitieron mediante listas colectoras en el último turno electoral y perdieron su condición de afiliados.
Reordenamiento y tensiones internas
La resolución judicial abre una compleja etapa de reorganización institucional con miras a los próximos comicios. El vicepresidente segundo del partido, Lucas Riquelme, asumió provisionalmente la conducción de la fuerza tras las bajas. Las autoridades deben resolver la modalidad de reemplazo para ocupar los cargos jerárquicos que quedaron vacantes.
Existen divergencias sobre el criterio que debe aplicarse para concretar la renovación del esquema directivo. “Hay dos bibliotecas respecto de cómo debería realizarse el corrimiento de autoridades”, planteó Lucas Riquelme. El dirigente señaló las dudas entre un corrimiento directo de lista o uno estructurado por género y minorías.
El escenario exige definir autoridades en el corto plazo para evitar mayores demoras en la gestión partidaria. “Esperamos que sea antes porque estamos con un año electoral por delante y seguimos en internas”, advirtió Riquelme. La actual conducción resulta del reparto proporcional entre dos sectores opositores tras los últimos comicios internos.
El impacto del fallo alcanzó además a representantes de deliberantes locales del interior provincial. La presidenta del Concejo Deliberante de Vista Alegre, Sandra Hernández, figura entre las personas desafiliadas del PJ. Su espacio debe dirimir acciones institucionales respecto de la situación procesal que enfrenta el intendente de esa localidad.
