Un hecho sin precedentes afectó gravemente las finanzas del Colegio de Bioquímicos de Neuquén. La institución sufrió el vaciamiento de sus cuentas bancarias institucionales en medio de una situación de extrema vulnerabilidad. El incidente se desencadenó de forma inesperada tras el hurto previo de plásticos de crédito y débito dentro de las oficinas centrales de la entidad profesional.
La organización afectada agrupa a la casi totalidad de los laboratorios de análisis clínicos distribuidos en el territorio provincial. Además de su representatividad gremial, la entidad gestiona la caja previsional que garantiza los beneficios jubilatorios de sus profesionales matriculados. Por este motivo, el perjuicio financiero impacta de manera directa en el patrimonio de los aportantes del sector.
La secuencia delictiva comenzó cuando los directivos se presentaron en la Comisaría Primera para reportar el robo inicial del material plástico. Durante ese trámite presencial, el personal policial sugirió a los damnificados comunicarse de inmediato con las bancas correspondientes para inhabilitar las tarjetas. La orden buscaba congelar cualquier tipo de transacción y poner a resguardo los fondos de la entidad.
Ante la urgencia del escenario, el personal administrativo intentó establecer contacto de soporte con los operadores bancarios desde la sede. Debido a las complicaciones para hallar una línea directa, recurrieron a los buscadores web para localizar un contacto de emergencia. En ese proceso de búsqueda ágil, las empleadas accedieron por error a un enlace malicioso provisto por ciberdelincuentes.
“Los falsos operadores simularon pertenecer a la banca oficial y mediante engaños telefónicos obtuvieron las claves de acceso de la institución”, detallaron fuentes judiciales cercanas al caso. Con las credenciales operativas en su poder, los estafadores ejecutaron múltiples movimientos virtuales en cuestión de minutos. La maniobra se concretó bajo la modalidad conocida popularmente como un falso servicio técnico.
El monto total sustraído de las arcas institucionales superaría la cifra de los 400 millones de pesos, de acuerdo a las primeras pericias contables. Entre las diferentes transacciones identificadas por el equipo auditor, se detectó un envío único que alcanzó los 120 millones de pesos. El resto del capital damnificado fue fragmentado hacia diversos destinos económicos.
La causa judicial quedó radicada en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos de la provincia, bajo la dirección de la fiscal penal Rocío Rivero. La funcionaria judicial solicitó de manera urgente la intervención de las brigadas policiales especializadas para intentar congelar el circuito del dinero. El foco principal de la pesquisa se centra en rastrear las cuentas receptoras.
Los peritos tecnológicos iniciaron el análisis pormenorizado de los teléfonos de la entidad y los registros de llamadas entrantes. Los investigadores suponen que los fondos robados se diversificaron de forma inmediata en una red de cuentas puente para entorpecer el seguimiento. La fiscalía aguarda los reportes de las plataformas digitales para intentar recuperar parte de los activos financieros.
