La jueza de garantías Carina Álvarez admitió la acusación contra 17 imputados por asociación ilícita, fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso de tarjeta de débito sin autorización de su titular. La estafa de los planes sociales irá a juicio.
La jueza confirmó la figura de la asociación ilícita, cuestionada por las defensas. Posteriormente, coincidió con la fiscalía y rechazó los planteos de las defensas. “La fiscalía tiene un caso para ir a juicio”, aseveró y aclaró: “El delito requiere un acuerdo de voluntades previo de los imputados, con vocación de permanencia en el tiempo, estable, la organización de tres o más personas”.
La magistrada coincidió con el Ministerio Público Fiscal (MPF) en cuanto a que en la acusación “se describieron el acuerdo de voluntades constitutivo de la asociación ilícita, su existencia, y su estructura”. Álvarez explicó que en las estafas con planes sociales es posible juzgar por los delitos de asociación ilícita y fraude a la administración pública, algo que habían objetado las defensas. Manifestó que las 9.303 estafas atribuidas pueden considerarse como un único hecho.
Luego de los argumentos, la magistrada confirmó que aceptará la acusación por asociación ilícita, en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por la utilización de tarjeta de débito sin la debida autorización de su titular, todo ello en concurso real por tratarse de 9303 hechos, en calidad de coautores. Aún resta definir las evidencias que se producirán en el juicio,
Niveles y acusados
De acuerdo con la investigación, la asociación ilícita se organizó en una pirámide con cinco niveles de responsabilidad, donde los que ocuparon el primer nivel serán juzgados como “jefes”. En esta categoría se encuentran el exministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca; el director provincial de Planes Sociales, Ricardo Soiza; exdirector de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social, Néstor Pablo Sanz; ex responsable de Gestión de Programas del mismo organismo, Marcos Ariel Osuna; y el excoordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler.
Luego, la investigación determinó otros cuatro niveles: colaboradores, reclutadores, recaudadores y beneficiados. Los imputados son Luis Gallo, Laura Reznik, Julieta Oviedo, Julio Arteaga, Isabel Montoya, Aaron Escobar, Valeria Honorio, Ariel Krom, Emanuel Victoria Contreras, Alfredo Cury, Fernando Cardozo Regidor y Omar Rodríguez Quezada.
Los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Narváez anticiparon que buscarán penas superiores a los 3 años de prisión efectiva. El miércoles 19 de marzo, las partes comenzarán a debatir las evidencias y testigos que llevarán al juicio.
