La fiscalía de Delitos Económicos de Neuquén solicitó formalmente ampliar la compleja investigación judicial que tiene entre sus principales sospechosas a la exvicegobernadora Gloria Ruiz.
El fiscal del caso, Juan Narvaez, presentó nuevos cargos contra la ex compañera de fórmula de Rolando Figueroa por administración fraudulenta. Luego de que Narváez expusiera el perjuicio económico generado en contra del Estado neuquino, el magistrado de Garantías, Juan Manuel Kees, dispuso un cuarto intermedio técnico hasta el próximo jueves.
Las acusaciones iniciales también se profundizaron sobre María Isabel Ricchini y Élida Noemí Sánchez. Asimismo, el Ministerio Público Fiscal sumó nuevos imputados privados a la causa penal. Las defensas de los acusados solicitaron este tiempo prudencial para analizar la prueba y responder debidamente.
Un hecho principal bajo la lupa judicial consiste en la contratación de una firma de marketing. El fiscal del caso apuntó contra el gerente por prestar una colaboración indispensable. Narvaez cuestionó que se utilizara la vía de la excepción eludiendo los mecanismos legales de selección.
Por otra parte, la fiscalía amplió la investigación sobre dieciséis contrataciones destinadas a servicios gráficos. Un empresario regional resultó beneficiado por estas operaciones ejecutadas al margen de las normativas vigentes. El monto total de este desvío específico de fondos superó los 45 millones de pesos.
Cabe destacar que Pablo Ruiz, hermano de la exvicegobernadora ya recibió una condena firme recientemente. La justicia intenta determinar ahora la responsabilidad directa de los nuevos implicados. Los investigadores consideran que existía un mecanismo para beneficiar de forma discrecional a ciertos proveedores.
El tercer acontecimiento delictivo involucra de forma directa al exjefe de prensa del cuerpo legislativo. Según los investigadores, se habrían simulado la contratación de su pareja para encubrir su continuidad laboral. La mujer percibió sumas millonarias por supuestas tareas de asesoramiento que jamás se llevaron a cabo.
El equipo de Delitos Económicos encuadró estas conductas bajo la figura de fraude agravado. La fiscalía sostuvo que el daño causado a las arcas públicas es grave. “Las distintas maniobras investigadas ocasionaron un perjuicio millonario al patrimonio del Estado provincial”, aseguraron.
