La justicia neuquina avanzó formalmente en la investigación por el trágico fallecimiento de un pequeño de apenas 18 meses. El hecho, que conmocionó a la región el pasado domingo, derivó en una audiencia de formulación de cargos contra la progenitora. Durante el acto judicial, la fiscal Lucrecia Sola presentó los elementos recolectados hasta el momento. La acusación se centró en la presunta falta de los deberes de cuidado básicos que una madre debe ejercer sobre un menor de edad.
La calificación legal elegida por el Ministerio Público Fiscal fue la de homicidio culposo. Según la fiscalía, la muerte no fue un acto intencionado, sino el resultado de una omisión negligente en el cuidado del niño. El hecho ocurrió en el interior de la vivienda familiar, donde el menor fue encontrado semisumergido en un balde con agua. Pese a los intentos por auxiliarlo, el pequeño ya no presentaba signos vitales al momento de ser asistido por el personal médico.
Un punto determinante para definir el rumbo de la causa fue el informe de la autopsia realizada por el cuerpo médico forense. Los resultados preliminares confirmaron que el cadáver del niño no presentaba lesiones externas ni signos de violencia física previa. Este dato fue fundamental para que la justicia descartara, por ahora, una figura penal más gravosa como el homicidio doloso. La ausencia de marcas de maltrato orientó la investigación hacia un accidente provocado por el descuido en el entorno doméstico.
Durante la audiencia, se ventilaron detalles sensibles sobre el historial de salud del menor desde su nacimiento en 2024. La fiscalía mencionó que existen antecedentes de exposición drogas durante la etapa de gestación. Este dato se utilizó para contextualizar el entorno de vulnerabilidad y los antecedentes de la imputada en relación con la protección del menor. Si bien este antecedente no cambia la naturaleza del hecho actual, refuerza el argumento fiscal sobre la negligencia sistémica en el cuidado del infante.
En libertad
Tras escuchar los cargos, el juez interviniente dispuso que la mujer recupere la libertad, aunque sujeta a estrictas pautas de conducta. La acusada deberá fijar un nuevo domicilio lejos del lugar donde ocurrió la tragedia para evitar conflictos con el entorno. Además, tiene la obligación de presentarse tres veces por semana en la comisaría más cercana a su residencia. Estas medidas buscan garantizar que la imputada permanezca a derecho mientras se desarrolla la etapa de investigación penal preparatoria.
El proceso judicial contará ahora con un plazo de cuatro meses para profundizar en la recolección de pruebas y testimonios adicionales. La defensa pública de la mujer no presentó objeciones a la formulación de cargos ni a las medidas cautelares impuestas por el magistrado. La mujer podría enfrentar una pena que oscila entre uno y cinco años de prisión.
