El Senasa había modificado las condiciones sanitarias para el ingreso de carnes (con o sin hueso), desde las zonas libres de Fiebre aftosa con vacunación hacia regiones del país donde no se aplica la vacunación. Esta adecuación, definida en la Resolución 180/2025 tenía como objetivo “garantizar la sanidad del ganado y la inocuidad de los productos”. Tras las repercusiones negativas en las provincias, el gobierno nacional puso en pausa la reforma.
La medida tuvo fuerte rechazo por parte del gobierno provincial de Río Negro. El gobernador Alberto Weretilneck expresó que “es una medida totalmente inconsulta, arbitraria y unitaria, tomada por un burócrata desde un escritorio en Buenos Aires, respondiendo quién sabe a qué intereses”.
Por su parte, el Ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, Carlos Banacloy, advirtió sobre los riesgos sanitarios y aseveró que “estamos hablando de una medida que pone en riesgo un trabajo de más de 20 años, un esfuerzo colectivo que nos permitió alcanzar un estatus sanitario reconocido a nivel mundial”. Y profundizó que “la decisión del Gobierno Nacional nos somete a un riesgo enorme: cada pérdida de estatus es pérdida de mercados”.
En cuanto al impacto económico que esta medida podría tener en la región, desde AM 740 consultamos a la economista Ivana Rivero y explicó que “puede ser que con esta medida se logre que a la región de la Patagonia entre un poco más de carne. Es flexibilizar una medida para que aceptes el ingreso de carne. Eso debería impactar, por lo menos para que no siga subiendo. Hay que ver después qué tanto volumen entra, cuántas toneladas, etc. Y hay que ver el impacto final en los precios. Para mi no va a ser tan significativo”.
En sus redes sociales, el gobernador neuquino Rolando Figueroa contó que “en diálogo con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de ganadería, Juan Pazo, hemos acordado la suspensión por 90 días de las medidas adoptadas a través del SENASA para el ingreso de carne con hueso desde las zonas libres de fiebre aftosa con vacunación hacia las regiones del país donde no se aplica dicha vacunación”.
Finalmente, tras el descontento de los gobernadores patagónicos y la advertencia de recurrir a acciones legales, el gobierno nacional estableció un plazo de 90 días en los que se pausa la medida, a la espera de generar acuerdos en una mesa de trabajo.
Argentina, 18 de marzo de 2025
