El referente de la UCR neuquina, Juan Peláez, lanzó una dura crítica contra el funcionamiento de la Fiscalía de Estado de Neuquén, a través de sus redes sociales. El dirigente radical y ex funcionario de Rolando Figueroa denunció la existencia de una estructura legal que perjudica económicamente a los ciudadanos de la provincia. Peláez reclamó la derogación inmediata de la normativa vigente que ampara esta práctica desde hace más de dos décadas.
Según el dirigente radical, el organismo oficial se desvió de su función primordial de proteger los intereses públicos regionales. En su lugar, el espacio se transformó en un mega estudio jurídico financiado en su totalidad con los recursos presupuestarios del Estado. El cuestionamiento principal apunta al cobro de estipendios desmedidos en litigios promovidos contra los propios contribuyentes.
El referente político expuso el desamparo que sufren los sectores más vulnerables de la población frente a estas ejecuciones judiciales. Peláez señaló que personas humildes deben afrontar costos desproporcionados por deudas menores debido al accionar de la maquinaria estatal. “Nadie las protege”, enfatizó el dirigente para describir la situación de los afectados.
La publicación detalló que esta dinámica persistió a lo largo del tiempo gracias al consentimiento de las sucesivas gestiones de gobierno. El posteo recordó que existieron tres iniciativas legislativas previas, impulsadas por diferentes partidos, que buscaban prohibir que los funcionarios públicos percibieran honorarios extras. Sin embargo, todas esas propuestas terminaron archivadas en la Legislatura provincial.
Actualmente, un nuevo proyecto de ley intenta clausurar lo que Peláez calificó como un negocio de familias del poder. No obstante, el dirigente advirtió que la iniciativa se encuentra frenada por decisión del diputado oficialista Ernesto Novoa. Aseguró que el oficialismo evita el tratamiento de la norma para esquivar la exposición pública.
Finalmente, el dirigente de la UCR instó a la ciudadanía a exigir la reforma legal definitiva de este sistema arancelario. La oposición busca reactivar el debate legislativo para impedir que quienes cobran un sueldo estatal sumen ingresos por juicios. El reclamo apunta directamente a transparentar las cuentas públicas y aliviar la carga financiera sobre los habitantes neuquinos.
