Una mujer de las 1.200 viviendas de Cipolletti enfrenta un inminente desalojo. Noemí Tejo asegura que le pagó una parte del valor a quienes figuran como dueños ante el IPPV. Luego, siguió abonando en su nombre las cuotas restantes de la casa. Cuando regresaron a la ciudad, la denunciaron como ocupante ilegal. Noemí vive ahí hace 18 años y ahora la Justicia la intima a mudarse. En La Carretera, repasó su historia y pidió ayuda de las autoridades.
“Compramos esta vivienda a un matrimonio que se trasladaba a Villa La Angostura a vivir. Fue en 2002, en abril. El trato era que le girábamos dinero durante el mes, por banco. Mi situación de salud se empezó a complicar, se le da aviso de esto y a los días siguientes viene a mi hogar, en confianza, ella me pide el papel de compra – venta. Se lo cedo para hacer el traslado de la vivienda, no me lo devuelve y fue quemado. Me pide el desalojo. No tengo cómo comprobar que me habían vendido ante la ley”, resumió la vecina. Por años habitó la casa con el temor de perderla en un instante.
Según relató la mujer, el arreglo era que ella asumía los pagos mensuales ante el IPPV y le giraría una suma mensual a los residentes anteriores. Noemí tiene los comprobantes de pago, pero la titularidad sigue a nombre de la primera dueña. “Se me hizo difícil, es la verdad, nos atrasamos porque no podíamos. Tuve un embarazo de alto riesgo y tuve que dejar de trabajar. He ido al IPPV, estuve en Viedma, no tengo respuesta. Yo pagué esta vivienda durante 18 años, no soy usurpadora, no me metí. No me dejaron al cuidado como dice el expediente, no la usurpe”, aclaró.
La Justicia falló a favor de la dueña anterior. Esta mañana, Noemí recibió a un funcionario judicial que le informó que deberá desalojar la casa. “Si tengo que dejarla, la dejo. Pero necesito otro lugar. Yo si alquilo no como, mis hijos no estudian”, expresó la cipoleña. “El juicio está terminado, hay que cumplir la sentencia. Le vamos a dar un tiempo porque hay chicos y son personas vulnerables”, le aseguró Félix Garay durante el procedimiento. El compromiso es ayudarla a encontrar otro espacio donde vivir. “Hay que ser humano en el cumplimiento de la sentencia, que pueda salir tranquila. Vamos a encontrar una solución”, sentenció el jefe de la oficina de mandamientos.
