El interventor del IPPV, Mariano Lavín, confirmó que hoy no existen fondos del gobierno nacional para construir viviendas en Río Negro y señaló que todos los programas en marcha se sostienen con recursos provinciales. También advirtió sobre el impacto que genera la mora de antiguos adjudicatarios y remarcó que el organismo busca recuperar viviendas que no cumplen su fin social.
La información surge de una entrevista realizada en la AM740, donde Lavín explicó que el escenario cambió de manera drástica respecto de años anteriores. “No hay un solo financiamiento nacional para ejecutar ni viviendas ni ningún otro tipo de programas que tenga que ver con la reducción del déficit habitacional”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que “lo que venimos ejecutando es pura y exclusivamente con fondos provinciales”.
El funcionario detalló que la falta de respaldo de Nación obligó a redefinir la escala de los proyectos habitacionales. “Para ejecutar 1200 viviendas necesitaría cuatro años del presupuesto total del IPPV aproximadamente”, expresó. Por eso, indicó que actualmente la provincia avanza con grupos más reducidos de viviendas y con obras de infraestructura para lotes, al tiempo que reforzó programas vinculados al acceso al suelo.
Lavín también puso el foco en las deudas de antiguos preadjudicatarios y en la necesidad de ordenar la situación dominial de miles de viviendas. Según precisó, en los últimos dos años y un trimestre se concretaron 5.765 cancelaciones y 2.510 escrituras. “Habían 5.000 personas que se habían olvidado, habían desestimado pagar su cuotita, dijeron ya está, si la casa es mía nadie me la va a sacar”, sostuvo, y remarcó que terminar de pagar la vivienda permite transformarse en propietario legítimo.
Además, advirtió que el IPPV detectó casos de viviendas sociales alquiladas, subdivididas e incluso ofrecidas para turismo, algo que contradice el objetivo original del sistema. “La única opción legal es la ocupación por la familia beneficiaria original”, recordó. Y subrayó que cuando una vivienda no cumple ese destino, el organismo avanza para regularizar la deuda o recuperar el inmueble y adjudicarlo a otra familia que realmente lo necesite.
Viedma, 31 de marzo de 2026.
