La Provincia del Neuquén comenzó de manera efectiva la aplicación de controles toxicológicos obligatorios y sorpresivos para las máximas autoridades estatales. La implementación operativa se concretó mediante la firma del Decreto 234/2026 por parte del gobernador Rolando Figueroa. Esta normativa regula la Ley 3531.
El innovador sistema de control ya se inauguró dentro del Poder Ejecutivo con los primeros sorteos aleatorios de funcionarios. Las personas seleccionadas recibieron una notificación oficial y contaron con un límite estricto de 24 horas para acudir a los laboratorios. Este mecanismo dinámico busca asegurar el factor sorpresa y la confidencialidad absoluta de los procedimientos médicos.
Como antecedente directo, el propio mandatario provincial y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia se realizaron exámenes voluntarios durante el año 2025. Sin embargo, el nuevo escenario legal transforma estas pruebas en una exigencia ineludible. La normativa vigente alcanza por igual a ministros, legisladores y directivos de los entes descentralizados del Estado.
Los análisis de laboratorio se realizan mediante muestras de orina para detectar la presencia de cocaína, marihuana, anfetaminas y opiáceos. El protocolo bioquímico también identifica el uso no recetado de psicofármacos como barbitúricos y benzodiacepinas. De este modo, se busca garantizar el correcto desempeño de las funciones públicas de los evaluados.
La selección de los agentes estatales está a cargo del Instituto Provincial de Juegos de Azar de Neuquén. Esta institución realiza sorteos electrónicos automáticos cada tres meses para evaluar al 12,5% del personal jerárquico. Mediante este diseño por azar, la totalidad de los funcionarios comprendidos en la ley resulta analizada al finalizar el año.
Ante un resultado positivo preliminar, la reglamentación estipula que el afectado posee el derecho de solicitar una contraprueba confirmatoria. Por el contrario, la ausencia injustificada a la citación médica equivale legalmente a una confirmación de consumo de sustancias prohibidas. Esta falta grave activa de manera automática los procesos de remoción previstos en la ley.
Los costos financieros de las prácticas bioquímicas no impactan en el presupuesto público porque se descuentan del salario del funcionario. Asimismo, se conformó la Comisión Evaluadora Interpoderes con profesionales de la salud pertenecientes a los tres poderes del Estado. Este organismo independiente tiene la función de fiscalizar y otorgar transparencia total a todo el proceso.
