La actividad que genera los alquileres de inmuebles para vivienda está en crisis. La ley sancionada en el 2020 rápidamente entró en conflicto por los altos índices de inflación que se sucedieron a lo largo de los meses en estos dos últimos años. En el congreso se presentaron 6 proyectos para modificar la ley actual que no satisfacen a inquilinos, propietarios e inmobiliarias.
Más de treinta cámaras y colegios inmobiliarios de todo el país presentaron un documento dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en el que reclaman la urgente derogación de la ley actual y, a la vez, rechazan los proyectos presentados. Por su parte, y en representación de los inquilinos de Río Negro, Roberto Díaz, dijo a La Carretera que “cada uno de los proyectos es peor que el otro”. Las entidades que representan a quienes tienen que pagar un alquiler participaron, en parte, del proyecto presentado por Gisela Marziotta (Unidad Porteña-FdT), aunque no fueron convocados para la redacción final. Según Díaz los 4 proyectos elaborados por diputados de Juntos por el Cambio, contaron con el asesoramiento de las inmobiliarias y el que presentó el diputado José Luis Gioja fue confeccionado por los asesores del bloque del Frente de todos.
Díaz no dudó en asegurar que “todos esos proyectos son peores que la ley actual, menos el de Marziotta que suspende la ley vigente, pero congelaría los precios hasta tanto no se sancione una nueva ley, el problema es que si se quita esta ley y no hay un plan realmente pensado para el acceso a la vivienda a través del alquiler lo que va a ocurrir es que habrá más aumento de precios porque quedarían nuevamente liberados, incluso para los contratos existentes”.
El presidente de la Unión de Inquilinos de Río Negro, considera que “suspender la ley implica no tener más una nueva ley, sería volver a la anterior en donde el inquilino termina pagando seis alquileres más en el plazo de tres años, esto es lo que piden las inmobiliarias.”
Otro aspecto que destacó Roberto Díaz del proyecto de Gisela Marziotta es que se volvería a crear La Cámara Nacional de Alquileres que tendría la función de hacer aplicar la ley, esto ya existió en Argentina pero la quitó la Dictadura Militar. Esa entidad la integraban, los propietarios, las inmobiliarias y los inquilinos, en ella se debatían los aumentos futuros en donde se tomaban como referencia, entre otros aspectos, el aumento de los salarios, se sancionó en 1945 y duró hasta 1978”.
En cuanto a la opinión sobre si es necesario derogar la ley sancionada en 2020 y aún vigente, Díaz dijo que “habría que mejorarla” y sobre qué ley saldrá en esta nueva instancia manifestó, utilizando un dicho popular, que “puede salir pato o gallareta”.
