La fiscalía de Delitos Económicos coordinó este viernes nueve allanamientos simultáneos. Los operativos se centraron en la sede y domicilios vinculados a la “Asociación Mutual de los Trabajadores Constructores Neuquinos”. Durante las diligencias, las fuerzas de seguridad secuestraron un arsenal de pruebas tecnológicas. La lista incluye equipos informáticos, teléfonos celulares, pendrives y discos duros de alta capacidad. También se incautó una cantidad significativa de documentación contable en soporte físico.
El foco de la investigación es el presunto delito de administración fraudulenta. La justicia sospecha que los aportes de los trabajadores fueron desviados sistemáticamente. La fiscalía mantuvo bajo reserva la identidad de los sospechosos de forma oficial. Sin embargo, se conoció que el directorio de la mutual cuenta con la presencia de Juan Carlos Levi, titular de la UOCRA y uno de los principales respaldos que tiene el gobierno neuquino. Además de Levi, la cúpula de la mutual esta integrada por familiares directos y parientes de su esposa, Ángela Barahona.
Se sospecha que los imputados montaron al menos dos empresas fantasmas o satélites. El objetivo habría sido firmar convenios para simular prestaciones de servicios inexistentes. Mediante esta maniobra, el dinero de los afiliados salía de la mutual hacia cuentas privadas. Los allanamientos alcanzaron puntos estratégicos en Neuquén capital, Plottier, Añelo, Centenario y Rincón de los Sauces.
Las primeras denuncias llegaron por parte de los mismo obreros que relataron un mecanismo de afiliación forzosa bajo coacción. Según sus testimonios, eran obligados a sumarse a la mutual para conservar su empleo. Quien se negaba a aportar enfrentaba la amenaza de una desvinculación inmediata. Esta presión permitió una recaudación, en el primer semestre de 2025, cercana a los 1.000 millones de pesos.
La defensa apuntó a la fiscalía
La fiscalía detectó que 950 millones de pesos fueron transferidos a terceros vinculados a la entidad. Juan Carlos Levi permaneció demorado algunas horas mientras se ejecutaban las órdenes judiciales. Su defensa, liderada por Sebastián Perazzoli, calificó el procedimiento como un “show” fiscal. El letrado aseguró que la contabilidad de la mutual es impecable y que las obras se ganaron por licitación. Ahora, la justicia deberá peritar el material digital para confirmar si el dinero de los trabajadores financió un patrimonio privado.
