El panorama político y judicial de Neuquén sumó un nuevo capítulo. Pablo Antonio Ruiz, exresponsable de la Casa de las Leyes, y hermano de la ex vicegobernadora, Gloria Ruiz, admitió haber cometido los delitos de peculado y administración fraudulenta agravada. De este modo, evitó el juicio oral.
El juez de Garantías, Lucas Yancarelli, dictó una pena de tres años de prisión en suspenso. Asimismo, el magistrado dispuso la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cualquier tipo de cargo público. El condenado también deberá cumplir obligatoriamente con 288 horas de tareas comunitarias durante los próximos tres años de ejecución.
La resolución judicial fue el resultado directo de un acuerdo pleno entre las partes involucradas. La fiscalía de Delitos Económicos y la fiscalía de Estado validaron el pacto junto a la defensa del acusado. El magistrado encargado del caso homologó los términos de la propuesta de forma definitiva.
Ruiz asumió formalmente los dos hechos delictivos por los cuales era investigado por la justicia penal. El primer escenario fraudulento implicó la sustracción directa de casi 53 millones de pesos de la Legislatura provincial. Estas acciones delictivas se extendieron de manera sostenida durante casi un año de gestión pública.
El exfuncionario desvió dinero de programas oficiales hacia sus cuentas particulares para generar plazos fijos. Cuando las alertas bancarias detectaron sus movimientos sospechosos, el imputado modificó su metodología ilegal. Ruiz comenzó a utilizar cheques de la institución para evadir los controles estatales y financieros vigentes.
La segunda acusación penal determinó un perjuicio patrimonial superior a los 45 millones de pesos para el Estado. La fiscalía lo consideró coautor de una red de contrataciones publicitarias totalmente irregulares. Este expediente se desprendió de la investigación legislativa que provocó la destitución de la vicegobernadora por inhabilidad moral.
El fiscal Juan Narvaez calificó el sofisticado entramado delictivo como un “mini-sistema financiero con plata del Estado”. La justicia ordenó finalmente el decomiso definitivo de sus cuentas bancarias personales previamente embargadas. Un total de 57 millones de pesos regresará a las arcas públicas de la provincia.
