Los legisladores del Frente de Todos piden que se investiguen 4 contratos. Se trata del pago por transporte escolar en Bariloche, desde 2019 a la fecha. Cuestionan que se designó en forma directa al mismo empresario, que sería hijo de la funcionaria a cargo de la contratación. Se le habría pagado más de 65 millones de pesos en 3 años. Los legisladores quieren que se investigue cómo se otorgó el servicio sin pasar por una licitación. En La Carretera, Ramón Chiocconi resumió las irregularidades que notaron. Señaló que hay 30 días para esperar una respuesta formal del Ministerio de Educación.
“Empezamos a ver irregularidades en el transporte escolar y pedimos información complementaria. Vimos compras y servicios con contrataciones millonarias, de manera directa. Cuando el monto es grande, debe haber una licitación para elegir el mejor servicio y el mejor precio para el Estado. La irregularidad se hizo permanente y encontramos que la persona contratada tenía documento 40 millones, esto es, unos 19 años al momento de la primera contratación”, explicó Chiocconi. “Un empresario del transporte de 19 años, llamativo. Y el domicilio en Viedma, para prestar servicio en Bariloche. El domicilio era de la madre, la funcionaria. Y en Bariloche, la sede de la empresa es un local vacío“, agregó.
El legislador del Frente de Todos señaló que hay mucha información faltante. Desconocen la calidad del servicio y si efectivamente se prestó y pagó, dado que la pandemia afectó la dinámica de Educación. “Tienen 30 días, hasta ahora, salieron a intentar dar aclaraciones pero no nos deja para nada satisfechos porque estos documentos los vieron muchas personas. Las ministras lo firmaron, es grosera la irregularidad. ¿Qué pasó con los mecanismos de control? ¿A nadie le llamó la atención en la delegación de Bariloche?”, se preguntó Chiocconi. Esperan que la provincia ponga a disposición los detalles de la contratación. “Empieza la primera en marzo de 2020, no tenemos certezas si eso se pagó por el aislamiento. Y después, se prolongaron contrataciones directas de 180 días. Hasta que se llegó a los 63 millones que sería el monto total”, sostuvo.
Chiocconi avanzó sobre la documentación necesaria, que atravesó varios niveles intermedios hasta que fue firmada por la ministra. En todo el proceso, nadie notó irregularidades. “Son graves y podrían determinar un delito penal, lo vamos a evaluar. Hay un uso de los recursos públicos de manera irregular. Hay que ser cuidadosos con el dinero que es de todos. Que el hijo de 19 años de una funcionaria sea contratado en un ministerio y trasgrediendo normas, la verdad es que enoja bastante”, remarcó.
