El abogado Alfredo Cury solicitó formalmente que Omar Gutiérrez y Jorge Sapag declaren en el nuevo juicio de cesura por la estafa con planes sociales.
El letrado, condenado junto a Ricardo Soiza por asociación ilícita, busca definir la pena que deberán cumplir ambos. La solicitud apunta a clarificar la estructura de poder partidario, dado que el tribunal previo sostuvo que los fondos desviados financiaron al Movimiento Popular Neuquino.
La petición fue presentada por escrito ante la Oficina Judicial de manera precautoria. Cury formalizó el ofrecimiento de testigos para resguardar los plazos legales, solicitando al mismo tiempo frenar el trámite hasta que se resuelvan los recursos que buscan revertir la condena principal.
La causa investigó un esquema de estafas con planes sociales montado entre septiembre de 2020 y julio de 2022 dentro del Ministerio de Desarrollo Social. La maniobra operaba mediante la retención de tarjetas de débito destinadas a familias en situación de vulnerabilidad social.
El perjuicio económico fue fijado en más de 153 millones de pesos, cifra que actualizada supera los 1.200 millones. Durante la lectura del veredicto, el juez Juan Manuel Kees rechazó los intentos de minimizar la estafa y remarcó: “Son 1.200 millones de pesos y para este tribunal de ninguna manera es insignificante”.
¿A quién iba el dinero?
Aunque las actuaciones judiciales acreditaron la acumulación del dinero en la denominada “caja azul”, la fiscalía no logró probar quiénes fueron los receptores finales de los fondos. Hasta el momento, ningún dirigente político de primera línea ha sido imputado formalmente en el expediente.
Durante el período de la estafa, Gutiérrez encabezaba la Junta de Gobierno del partido provincial y Sapag presidía la Convención. En ese sentido, la defensa pretende indagar a ambos exmandatarios sobre las funciones reales y los cargos que ocupaban los imputados dentro del espacio.
La citación propuesta busca determinar si los condenados tenían capacidad de conducción o roles asignados en las campañas electorales. Con esta medida, la defensa intenta aportar elementos objetivos para graduar la pena según la participación de cada involucrado, tal como lo establece el Código Penal.
El planteo técnico reactiva interrogantes institucionales que el debate oral previo dejó sin esclarecer por completo. De concretarse el testimonio de las máximas figuras políticas de la gestión anterior, el juicio de cesura cobrará un fuerte impacto en el escenario provincial.
