La causa por la estafa con planes sociales suma un nuevo capítulo. Este viernes 10-11, por la mañana, la jueza Estefanía Sauli decidirá si Ricardo Soiza, Marcos Osuna y Pablo Sanz continúan detenidos con prisión preventiva. Los tres están imputados como jefes de una asociación ilícita que se dedicaba a estafar al Estado.
En la audiencia realizada el jueves 09-11, los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Narváez solicitaron la extensión de la prisión preventiva de los tres imputados. Los representantes del Ministerio Público Fiscal argumentaron que existe riesgo de entorpecimiento a la investigación. De acuerdo a lo expuestos por los fiscales, hay cuatro imputados que declararon en el mes de julio, y expresaron su temor por el accionar de los detenidos.
Por su parte, el fiscal Vignaroli se refirió al acuerdo que existía con la defensa de Pablo Sanz, donde se le habría prometido que si aportaba más información sobre las estafa con planes sociales, se le concedería la prisión domiciliaria. “No agrega nada nuevo para ampliar la imputación sobre otra persona. Lo que Sanz intenta es salirse de la posición de organizador”, manifestó Vignaroli.
El fiscal jefe aclaró que la decisión de dar marcha atrás con el acuerdo tuvo que ver con la declaración de Guillermo Meza, unas de las personas que fueron señaladas por Sanz, como gente de confianza de Ricardo Soiza y Brian Marino y que se beneficiaba con el alquiler de vehículos. Meza se acercó a la fiscalía, voluntariamente, y aseveró que “era Sanz el que tomaba la decisión de los alquileres”.
Luego de los representantes de la fiscalía, llegó el turno del abogado defensor de Sanz, Gustavo Palmieri, quien le alentó a la unidad fiscal a investigar qué pasó con las filtraciones que hubo antes de que se realice el primer allanamiento en septiembre del 2022. “El primer entorpecimiento que hubo en esta causa fue por filtración de la fiscalía. Yo me preocuparía mucho”, recriminó Palmieri.
Cabe aclarar que varios de los imputados manifestaron que el abogado Alfredo Cury –defensor de Soiza, Sanz y Osuna las primeras semanas- visitó sus casas un día antes de que ocurriera el primer allanamiento y retiró los celulares y dispositivos digitales.
La causa por la estafa con planes sociales tiene 31 imputados, donde cinco de ellos están señalados como los líderes de la banda. Sin embargo, hasta la fecha solo hay tres que tienen prisión preventiva, y los dos restantes – Abel Di Luca y Tomás Siengenthaler- siguen la investigación desde sus casas.