Una transacción coordinada por redes sociales derivó en una tragedia que conmociona a la región. Dos jóvenes oriundos de Neuquén quedaron detenidos con prisión preventiva acusados por el asesinato de Franco Agustín Morales, de 24 años, ocurrido en la localidad de Allen.
La fiscalía formuló cargos contra ambos sospechosos en calidad de coautores. Se los imputa por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y para asegurar el resultado, en concurso real con robo en lugar poblado y en banda.
El hecho ocurrió el jueves 13 de agosto, alrededor de las 18 horas, sobre la calle México al 30. Morales había acudido a ese punto para concretar la venta de su motocicleta, tras haber pactado el encuentro de forma previa en internet.
Al lugar arribaron los dos imputados junto a otros dos hombres a bordo de dos motocicletas. Los agresores, que se encontraban armados con un revólver, increparon a la víctima directamente en la vereda para concretar el despojo.
Durante el ataque, dispararon a Morales a la altura del tórax, infligiéndole una herida mortal. Tras concretar la agresión, los cuatro involucrados huyeron de la zona apoderándose de la motocicleta y del teléfono celular marca iPhone del joven.
Las fiscales Verónica Villarruel y Laura Tronelli expusieron los avances reunidos en la investigación preliminar. El material incluye peritajes de Criminalística en la escena, informes de autopsia y registros de cámaras de seguridad que filmaron el trayecto de los sospechosos.
Entre los elementos clave destaca la recuperación del teléfono celular de la víctima. El dispositivo fue localizado sumergido en la zona conocida como Puente 83, gracias al seguimiento por rastreo satelital implementado por la Policía.
Los dos imputados se presentaron de manera voluntaria en una sede policial al día siguiente del crimen. Las autoridades confirmaron que ninguno de los dos jóvenes cuenta con antecedentes penales computables dentro de los registros oficiales.
Durante la audiencia de formulación de cargos, el abogado defensor Saúl Lucas Dumigual objetó la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal. “Ningún testigo identificó ni ubicó a mi asistido en el lugar del hecho”, argumentó el letrado ante la sala.
Por su parte, la defensora María Emilia Villar no presentó objeciones a los cargos contra el segundo imputado. Sin embargo, ambas representaciones legales rechazaron la prisión preventiva en establecimiento carcelario y solicitaron la aplicación de arresto domiciliario.
El juez de Garantías Julio José Martínez Vivot formalizó la investigación penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. Asimismo, ordenó un mes de prisión preventiva para los imputados al considerar acreditado el riesgo de entorpecimiento probatorio.
