El gobierno nacional dispuso un plan de asistencia a víctimas de violencia de género. Se trata de apoyo económico para personas en riesgo que necesiten construir su vida autónoma. El beneficio se articula con ANSES y es de alcance federal. El aporte equivale al salario mínimo y será sólo por 6 meses, mientras la víctima se adapta a un entorno libre de violencia. La coordinadora nacional del programa, Claudia Perugino, explicó el espíritu de esta asistencia en La Carretera.
“Estamos presentando el programa en todo el país con mucha satisfacción porque es producto de una larga lucha del movimiento de mujeres. Es el acompañamiento económico para salir de situaciones de riesgo y también el fortalecimiento de las redes de contención. No sólo es el ingreso económico sino también va acompañado de un acompañamiento estratégico”, sostuvo Perugino. Además, aclaró que el beneficio alcanza a mujeres y personas LGBTIQ en una situación de riesgo acreditado, de vulnerabilidad y de dependencia con el victimario. “Nuestro objetivo es que desciendan los casos de violencia, los femicidios, los transfemicidios que tanto nos preocupan… con una labor integrada de protección integral. Hay responsabilidad de parte de los estados de acompañar a las personas que sufren estas situaciones tan complejas para que puedan tener una vida sin violencia“, afirmó Perugino.
Perugino advirtió que es fundamental el trabajo de las áreas municipales y provinciales. En estos espacios se identificarán los casos y se darán de alta a los beneficiarios del programa. “Esto une a todo el país en una red. Vamos a cruzar información con la ANSES, por el tema de las compatibilidades. Es compatible con la asignación universal por hijo, con la asignación por embarazo, por persona con discapacidad… quiero remarcar que es un programa para personas en riesgo por violencia por motivos de género“, puntualizó. “La violencia ataca la integridad de la persona y debemos garantizar el acceso a los derechos. La violencia limita los proyectos de vida, por eso el compromiso del Estado”, agregó la coordinadora.
La funcionaria indicó que el programa se implementa rompiendo paradigmas. Por ejemplo, para ingresar no se necesita una denuncia policial o judicial. “Ese es un proceso doloroso y delicado, destaco que suele haber poca respuesta del poder judicial. La gente se cansa de hacer denuncias sin recibir mecanismos de protección”, explicó. “Trabajar en red significa evitar papeles, tener que enviar expedientes y trámites. Las solicitudes se harán online. Va a agilizar los tiempos“, garantizó. La estrategia de contención se activa de inmediato. Tanto Río Negro como Neuquén firmaron los convenios requeridos para adherir al programa. Su implementación está en manos del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.
