El Gobierno de Neuquén oficializó la creación de un régimen especial de cese voluntario destinado a empleados públicos con trayectorias laborales vulnerables. La medida busca dar respuesta a quienes superaron la edad jubilatoria pero no cuentan con los años de aportes necesarios debido a la precariedad contractual del pasado. El gobernador Rolando Figueroa encabezó el anuncio junto al referente gremial de ATE, Carlos Quintriqueo, marcando un hito en la política previsional de la provincia. Esta iniciativa administrativa surge para subsanar décadas de irregularidades en el registro del personal dentro de la administración pública neuquina.
La implementación del programa se formalizó a través del decreto 640/2026, bajo el nombre de Régimen Especial de Acompañamiento Administrativo. El mandatario provincial fue categórico al definir la iniciativa como un paso fundamental para corregir falencias estructurales del propio Estado. “No es que se hace una cuestión más permisiva, sino que el Estado, en un determinado momento, los hizo trabajar de forma no registrada”, afirmó Figueroa durante el acto. El objetivo central es que estos agentes puedan abandonar la actividad manteniendo sus ingresos hasta completar los requisitos del Instituto de Seguridad Social del Neuquén.
El impacto de este nuevo marco normativo es significativo y se estima que alcanzará a una cifra cercana a los 1.700 trabajadores estatales. Según detalló el secretario general de ATE, la mayoría de los beneficiarios son mujeres que prestaron servicios bajo modalidades de subsidios o programas sociales sin aportes. La adhesión al sistema será estrictamente voluntaria y excepcional, otorgando a cada agente un plazo de dos años para evaluar su situación particular. Esta herramienta legal permite que el personal mantenga una condición equivalente a la actividad, percibiendo una asignación mensual igual a su último haber.
Para acceder a este beneficio, los interesados deberán cumplir con requisitos específicos relacionados con la edad y el tiempo de servicio efectivo. Es obligatorio haber superado en cinco años la edad mínima de jubilación y acreditar al menos quince años de aportes al sistema previsional provincial. Además, los solicitantes no deben estar percibiendo otro tipo de beneficio jubilatorio al momento de iniciar el trámite administrativo correspondiente. El sindicato destacó que el decreto respeta el espíritu del proyecto de ley que venían impulsando en la Legislatura provincial desde hace meses.
Finalmente, el trámite para la incorporación al régimen deberá gestionarse a través de las áreas de Recursos Humanos de cada organismo estatal. El Gobierno confía en que esta solución administrativa descomprima la situación de los agentes de mayor edad que ya no pueden prestar servicios plenamente. Por su parte, el sector gremial valoró el diálogo mantenido con el Ejecutivo para lograr la redacción final del borrador. Con esta decisión, se busca cerrar un capítulo de informalidad estatal y garantizar condiciones dignas de egreso para quienes dedicaron su vida al servicio público.
