El gremio ATE ratificó su compromiso de consolidar la regularización del empleo público en Río Negro durante el segundo semestre de este año. La medida busca brindar previsibilidad laboral a unos 4.200 trabajadores estatales que actualmente desempeñan sus tareas bajo la modalidad de contratación temporal. Rodrigo Vicente, secretario general de la organización gremial, calificó este proceso administrativo y político como un hecho “histórico”.
El sindicato busca optimizar los plazos de ejecución para evitar las demoras administrativas que caracterizaron a las convocatorias de años anteriores. La meta planteada por la conducción es concluir la totalidad de las evaluaciones antes de que finalice el año 2026. Para agilizar los exámenes obligatorios, exigieron la utilización de herramientas digitales y soportes virtuales gestionados por el Instituto Provincial de la Administración Pública.
Según el cronograma trazado, la propuesta legal ingresará formalmente a la legislatura rionegrina durante los primeros días del próximo mes de julio. La intención de las comisiones parlamentarias es someter la iniciativa a votación definitiva en el recinto durante la primera semana de agosto. Los trabajadores organizados planifican una gran movilización hacia la legislatura provincial para respaldar presencialmente la aprobación del proyecto.
Vicente rechazó de manera tajante los cuestionamientos de los sectores opositores vinculados al supuesto impacto en el presupuesto provincial. También inimizó estas posturas críticas argumentando que el pase a la planta definitiva no representa erogaciones extra para el Tesoro. “Esto no genera ningún tipo de gasto”, aclaró el dirigente para disipar dudas en la opinión pública.
El dirigente explicó detalladamente que la masa de operarios afectados ya se encuentra cumpliendo funciones regulares dentro de la estructura estatal. Los agentes perciben actualmente sus salarios correspondientes, junto con la cobertura de obra social y los aportes previsionales de ley. “Lo que se gana es la estabilidad laboral y no estar firmando contratos cada 3, 6 o 12 meses”, enfatizó el gremialista.
La regularización alcanzará a una cuarta parte del personal que compone la administración centralizada y descentralizada del Estado provincial. El esquema contempla especialmente la inclusión de aquellos agentes que se incorporaron durante la emergencia sanitaria en áreas esenciales de salud. El sindicato ya comenzó con la distribución del material de estudio correspondiente para las distintas categorías de examen.
Las evaluaciones obligatorias contemplarán un bloque de normativas generales que regulan el empleo público rionegrino y las leyes de carrera profesional. Asimismo, se dispondrán contenidos prácticos específicos según las funciones de cada sector operativo, incluyendo porteros, combatientes de incendios y asistentes de minoridad. Los manuales diferenciados permitirán certificar la idoneidad técnica de los postulantes que buscan asegurar de forma definitiva su puesto de trabajo.
