El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, firmó un decreto para proteger los haberes de los empleados públicos. La norma establece un tope máximo a los descuentos salariales provocadas por créditos y compromisos financieros.
Esta medida surge en un contexto crítico para la administración provincial. Según datos gremiales de ATE, cerca de 20.000 trabajadores mantienen obligaciones con una quincena de prestamistas que descuentan directamente de sus recibos de sueldo.
La reglamentación dispone que los descuentos voluntarios no superarán el 33% del salario neto. No obstante, la aplicación del límite final se implementará de manera gradual en los próximos años para permitir el reordenamiento.
“Este decreto nos permite ordenar un sistema que estaba generando muchos problemas y afectaciones en los agentes públicos de nuestra provincia”, declaró Weretilneck. El mandatario argumentó que se buscan reglas claras para resguardar los sueldos y frenar el sobreendeudamiento.
Durante la etapa de transición, fijada hasta finales de 2026, se conservarán los parámetros actuales. A partir de enero de 2027 regirá un tope provisional del 50%, el cual descenderá progresivamente hasta la meta pactada.
Esquema de transición y denuncias de situaciones extremas
Adicionalmente, el Poder Ejecutivo provincial promoverá convenios con las entidades crediticias para renegociar deudas. El plan contempla además fijar techos a las tasas de interés en los préstamos futuros.
ATE expuso previamente ante el Ministerio de Hacienda la gravedad del escenario social. Diversos expedientes judiciales reflejaron descuentos dramáticos que dejaron a trabajadoras cobrando montos insignificantes tras las deducciones automáticas.
Se registraron liquidaciones donde el saldo neto final resultó nulo por la acumulación de cuotas. Ante esta realidad, los representantes de los trabajadores exigieron una rápida intervención estatal para resguardar la naturaleza alimentaria del salario.
“No se aguanta más. Es inadmisible que un trabajador pueda llegar a cobrar solo unos pocos pesos de su sueldo”, recriminó Romeo Aguiar, secretario gremial de ATE. El dirigente insistió en la urgencia de establecer controles preventivos y constantes sobre los prestamistas.
Cobertura del decreto y excepciones contempladas en la norma
“El gobierno tiene las herramientas necesarias para intervenir y no debe mirar para otro lado frente a un nivel de endeudamiento que se ha transformado en un verdadero drama”, añadió Aguiar. El texto oficial suma capacitaciones de educación financiera y asesoramiento gratuito para la población afectada.
La medida alcanzará a todo el personal dependiente del Ejecutivo provincial. Quedarán fuera del límite máximo únicamente los aportes previsionales, la obra social, las cuotas sindicales y los embargos dispuestos por la Justicia.
Con este marco legal se restituye una protección eliminada en años anteriores. “Con esta medida, estamos cuidando y defendiendo los ingresos de los agentes públicos de nuestra provincia”, concluyó el gobernador Weretilneck durante el anuncio.
