En el año 2023 finalizan las concesiones de las cinco represas hidroeléctricas emplazadas en el río Limay y una sobre el Neuquén que generan el 30 por ciento de la energía que consume el país. Los Gobiernos de las provincias de Río Negro y Neuquén firmaron un acuerdo ratificando la potestad sobre los recursos hidroeléctricos. Ahora avanzan en una propuesta de acción de instrumentos jurídicos e institucionales, que llevarán a Nación para la administración y operación de los aprovechamientos hidroeléctricos a partir del año próximo.
El Diputado Mariano Mansilla impulsa la presentación de un Proyecto de Declaración, en la Legislatura de Neuquén, para apoyar el acta acuerdo firmada por los Gobernadores. En la misma iniciativa convoca a organizar el más amplio respaldo mediante un comité que incluya a todos los sectores políticos y sociales de nuestra provincia.
En La Carretera Mansilla afirmó que “el motor de la energía está en la Patagonia y en lo que respecta a la hidroeléctrica pasa desapercibido porque en nuestros presupuestos es una miseria lo que nos pagan por regalías, no es relevante, pero si facturáramos el total sería un ingreso mayor al de Vaca Muerta por el petróleo. Nos permitiría tener una tarifa Comahue, un beneficio directo pagando menos por el consumo de la energía”, aseguró el Diputado del UNE en el Frente de Todos.
Mariano Mansilla recordó que “la reforma de la Constitución de 1994 le otorgó la propiedad de los recursos a las provincias, pero un año antes Carlos Menem las concesionó a empresas privadas por 30 años. Vimos pasar la facturación y la energía durante todo este tiempo y ahora es el momento de ponernos firmes para obtener la administración con una empresa estatal conjunta entre Neuquén y Río Negro, que se haga cargo de la operación de las represas”.
La Gobernadora de Río Negro Arabela Carreras y su par neuquino Omar Gutiérrez, firmaron un acuerdo en el que reafirmaron la competencia de las provincias en todo lo relativo a los aprovechamientos hidroeléctricos y establecieron constituir una comisión de trabajo encargada de elaborar alternativas que serán presentadas al Gobierno Nacional para su evaluación.
