El tema de la baja de la edad de punibilidad vuelve a ser objeto de debate en Argentina. Aunque este asunto siempre ha sido polémico, en el contexto actual, donde se buscan respuestas rápidas a problemas complejos, ha ganado más protagonismo. En entrevista con AM 740, Claudio Salazar, secretario general del Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJUN), expresó el rechazo de su gremio a esta medida, señalando que no resolvería los problemas de fondo relacionados con la violencia juvenil.
“Nosotros reafirmamos una postura histórica”, dijo Salazar, refiriéndose a la postura del gremio y la Federación Judicial Argentina, que se oponen a la criminalización de la infancia. Según Salazar, estas iniciativas, como la baja de la edad de punibilidad, surgen en momentos de conmoción social, pero no son una solución efectiva. “No creemos que bajar la edad de punibilidad sea la salida”, afirmó el dirigente gremial, subrayando que el problema de fondo radica en la exclusión social, la pobreza y la falta de oportunidades para los menores involucrados en delitos.
Salazar destacó que, en lugar de aplicar políticas punitivas, el Estado debería centrarse en garantizar el acceso a servicios básicos como vivienda, salud y educación. A su juicio, la mayoría de los menores que cometen delitos provienen de sectores marginados y vulnerables. Sin una atención integral a estas problemáticas, cualquier intento de bajar la edad de punibilidad solo será un parche temporal y no solucionará el ciclo de violencia en el que están atrapados estos jóvenes.
El secretario general de SEJUN también destacó que, si bien países como Argentina tienen una de las edades de imputabilidad más altas de la región (16 años), “esto está en línea con las convenciones internacionales de los derechos del niño”. En este sentido, Salazar se mostró a favor de un sistema judicial juvenil especializado que se enfoque en la rehabilitación y reinserción social, y que evite replicar el sistema penal de adultos, que a menudo no cumple con estos objetivos.
“No se trata de que no haya penas, sino de que deben ser diferenciadas y orientadas a la reinserción social”, insistió. En este punto, Salazar se refirió a ejemplos internacionales, como el sistema penal de los Países Bajos, donde la edad de imputabilidad es de 12 años, pero el enfoque del sistema penal es completamente distinto, con un fuerte énfasis en la rehabilitación y la educación de los menores infractores. “El modelo de justicia juvenil debería estar orientado a la rehabilitación, no a la condena”, concluyó.
Además, Salazar advirtió que el actual debate sobre la baja de la edad de punibilidad está siendo utilizado con fines políticos. “Es un tema sensible que se está utilizando electoralmente para generar consenso, pero no se está abordando con la profundidad que requiere”, subrayó.
Neuquén, 8 de mayo de 2025
