Una comitiva de referentes gremiales se presentó este jueves en la Legislatura provincial para exigir precisiones sobre el nuevo convenio energético entre YPF y el Gobierno de Neuquén. La delegación estuvo encabezada por Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE, junto a representantes de ATEN, SEJUN, APUNC y ADUNC. Los trabajadores expresaron su rotundo rechazo al despacho de comisión que avala el proyecto de Gas Natural Licuado en Vaca Muerta.
El malestar central radica en las amplias concesiones otorgadas a la petrolera de bandera dentro del territorio neuquino. El acuerdo legislativo contempla un esquema de beneficios fiscales extraordinarios y una marcada reducción de regalías por un plazo mínimo de tres décadas. Los sindicatos consideran que estas condiciones comprometen seriamente el futuro económico de las próximas generaciones de habitantes.
Durante la jornada, los dirigentes fueron recibidos formalmente por los diputados opositores César Gass, Cecilia Papa y Andrés Blanco. Los tres legisladores ratificaron su postura negativa hacia la norma y anticiparon su voto en contra en el recinto. En contraste, los bloques oficialistas y aliados que impulsan el dictamen decidieron no participar del encuentro con los gremios.
La velocidad del tratamiento parlamentario despertó fuertes sospechas entre los principales representantes de los trabajadores estatales y docentes. Las organizaciones criticaron que un expediente de semejante magnitud institucional obtuviera dictamen favorable en menos de un mes de análisis. Para el arco sindical, la premura demuestra una falta de debate profundo sobre los recursos públicos.
“Hemos estado en contra de otros proyectos, pero nunca vimos una baja de regalías de estas características”, alertó Carlos Quintriqueo durante la reunión. El secretario general de ATE cuestionó el circuito administrativo exprés que unificó los despachos ministeriales en tiempo récord. Según su visión, los plazos habituales del Estado se alteraron deliberadamente para favorecer a la compañía.
Asimismo, la dirigencia advirtió que el perjuicio financiero para las arcas provinciales excede la planta de licuefacción proyectada. El articulado del convenio extiende las exenciones impositivas a todas las subactividades logísticas e industriales complementarias. “No estamos de acuerdo con la forma en que se están entregando recursos”, afirmaron los técnicos sindicales que revisaron el texto.
Al concluir la actividad, el secretario de ATE lamentó públicamente el desplante de los legisladores que defienden el pacto. “Hoy no tuvieron el coraje de venir a defender su postura los diputados que están a favor del acuerdo”, sentenció. La ausencia de los bloques mayoritarios fue calificada como una falta de respeto institucional hacia los contribuyentes.
Las conducciones de los cinco gremios iniciarán ahora rondas de consultas internas en sus respectivas bases territoriales. No descartan definir un plan de lucha conjunto de cara a la sesión ordinaria programada para la próxima semana. Los trabajadores prometieron mantener la guardia alta frente a lo que consideran un retroceso en la soberanía económica regional.
