El conflicto que atraviesa el sistema sanitario neuquino llegó esta semana a la Legislatura Provincial. Los trabajadores autoconvocados de la salud presentaron un pedido formal para participar activamente en la Comisión de Legislación del Trabajo. Su intención es intervenir en el debate sobre el proyecto de protección integral contra la violencia hacia el personal médico. Consideran fundamental exponer su visión ante los diputados sobre las tensiones actuales en los hospitales.
El colectivo de salud manifestó un rechazo contundente a la representación exclusiva de los gremios tradicionales en estas negociaciones. Según los delegados, las cúpulas sindicales no reflejan fielmente las necesidades de quienes sostienen las guardias diariamente. Sostienen que el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo tiene un enfoque equivocado sobre el origen de los conflictos. Para los trabajadores, la violencia no proviene de la comunidad, sino del deterioro de las condiciones de atención.
Los referentes hospitalarios explicaron que los roces con los pacientes son consecuencia directa de la falta de insumos básicos. La saturación de los centros de salud genera demoras excesivas que derivan en situaciones de angustia y agresividad. Por ello, argumentan que ninguna ley de seguridad será efectiva si no se resuelven primero las carencias operativas. El personal insiste en que el vecino de los barrios vulnerables sufre tanto como el propio trabajador estatal.
La asamblea presentó una lista de reclamos estructurales que consideran indispensables para salvar la salud pública neuquina. Entre los puntos principales destaca la necesidad de una recomposición salarial que detenga el éxodo de especialistas al sector privado. También solicitan la reducción de la jornada laboral a seis horas y la apertura inmediata de concursos para cubrir vacantes. Sin estos cambios, advierten que el sistema seguirá perdiendo profesionales calificados en áreas críticas.
Otro punto de alerta es el desfasaje entre el crecimiento poblacional y la infraestructura sanitaria disponible actualmente. Según los datos del último censo, la provincia experimentó un aumento demográfico cercano al 30% en la última década. Sin embargo, la cantidad de nuevos hospitales y centros de salud no acompañó este ritmo de expansión urbana. Esta brecha genera una presión insostenible sobre los efectores existentes, que deben atender a una población mucho mayor.
Respecto al área de Salud Mental, se cuestionó con dureza los anuncios recientes del Gobierno sobre la extensión horaria. El Ejecutivo propuso ampliar la atención a doce horas diarias, pero los trabajadores califican la medida como inaplicable. Denunciaron que los servicios psicosociales enfrentan un colapso edilicio grave y una escasez crítica de personal especializado. Sin inversiones reales en recursos humanos, consideran que las promesas oficiales son simples declaraciones vacías de contenido.
Finalmente, los autoconvocados hicieron un llamado a la comunidad para que se una a sus reclamos históricos. Insistieron en que la calidad de la atención médica es inseparable de las condiciones laborales de los equipos de salud. El derecho a la salud pública depende de un presupuesto que priorice el bienestar de los pacientes y trabajadores. La asamblea permanecerá en estado de alerta hasta obtener una respuesta satisfactoria por parte de los legisladores provinciales.
