Hace cuatro meses el gobernador Rolando Figueroa presentó con entusiasmo el flamante pabellón de máxima seguridad en la Unidad 11 de Neuquén. En aquel acto oficial el mandatario provincial aseguró que la obra representaba el primer paso de una nueva política carcelaria para la región. Sin embargo, la estructura permanece vacía y sin recibir internos debido a que la Fiscalía de Estado argumenta la falta de habilitación en los servicios básicos.
La jueza de Ejecución Penal, Raquel Gass, calificó como inadmisible que un edificio terminado funcione solo como una pieza de exhibición sin utilidad real. Ante la crítica situación de hacinamiento, la magistrada dictó una orden tajante para que el espacio sea ocupado en un plazo máximo de treinta días hábiles. Gass enfatizó que la infraestructura debe destinarse de inmediato a resolver el déficit de plazas en el sistema penitenciario local.
El conflicto escaló tras un recurso de habeas corpus presentado por las defensoras Luciana Petraglia y Sol Pérez de León en favor de detenidos en comisarías. Las abogadas denunciaron que muchos condenados duermen actualmente en el suelo y carecen de espacios mínimos para la recreación o educación básica. Según Petraglia, la falta de patios y áreas comunes en las dependencias policiales agrava significativamente las condiciones de detención de sus asistidos.
Actualmente, la Comisaría Séptima alberga a diez personas con condena firme debido a la saturación total de las unidades carcelarias de la provincia. Esta emergencia obliga a las fuerzas de seguridad a mantener detenidos en lugares que no están diseñados para estadías de largo plazo. Las defensoras remarcaron que el pabellón de la Unidad 11 sigue inutilizado desde su inauguración en diciembre pasado a pesar de las gestiones previas.
Por su parte, los representantes de la Fiscalía de Estado sostuvieron que el sector no se encuentra todavía en condiciones de habitabilidad para los reclusos. Ismael Bras y Martín Moya Assef indicaron que dependen de trámites externos para la instalación del servicio de gas en un tiempo estimado de un mes. Además, propusieron utilizar el nuevo espacio como una zona de tránsito temporal mientras se reparan otros sectores antiguos del penal.
La propuesta de usar el edificio como un puente de refacción generó un fuerte rechazo por parte de los organismos de defensa y la fiscalía. La jueza Gass descartó de plano esa posibilidad al recordar que existen más de cien personas condenadas esperando cupo en las comisarías neuquinas. Para la magistrada, reservar infraestructura nueva como reserva logística es inviable frente a la urgencia humanitaria que atraviesa el sistema de detención.
En su resolución, la jueza también prohibió el ingreso de nuevos condenados a la Comisaría Séptima para evitar un colapso mayor en esa dependencia. Gass fue crítica al señalar que la ley de emergencia carcelaria vigente debería haber agilizado la adquisición de recursos y la finalización de las obras. “Estamos en un sistema republicano de gobierno y las decisiones que toman los jueces son para cumplirse”, sentenció la magistrada.
Finalmente, la Fiscalía de Estado solicitó la revisión del fallo alegando que no pueden garantizar plazos que dependen de empresas prestatarias de servicios privados. Argumentaron que la orden judicial les genera un gravamen al exigir una celeridad que escapa a su control administrativo directo. La controversia sobre la apertura definitiva del pabellón se resolverá en una nueva audiencia programada para evaluar la factibilidad del traslado.
